El director provincial de Vialidad, Edgardo Martino, firmó esta mañana los convenios para asistir con hasta 6 millones de pesos a tres consorcios viales.

Los recursos serán entregados contra certificación, es decir, al completarse los trabajos solicitados por los tres corredores viales. Cada uno de los tres concesionarios -sus administradores son municipios y comunas del interior provincial- podrá requerir hasta 2 millones de pesos.

Los corredores viales N° 4, 6 y 9, en conjunto, atraviesan un total de 20 localidades de la provincia.

“Básicamente nos piden ayuda para hacer obras de bacheo y completar o mejorar la señalización horizontal, más algunas otras obras de mantenimiento”, dijo a El Litoral Martino.

Explicó que los fondos se entregarán “tras las correspondientes inspecciones y a medida que avanzan las obras”. El administrador señaló que hay consorcios camineros que tienen su propia planta de producción de asfalto, otros que necesitan contratar una o acopiar materiales, y diferentes posibilidades de respuesta para tapar los baches de las rutas en las que cobran peaje.

“Aunque son cifras importantes, sabemos que es mucho mayor el atraso en las inversiones sobre este esquema de administración vial”, dijo el funcionario.

De inmediato destacó “el gran esfuerzo que hacen los concesionarios para poder mantener la transitabilidad en condiciones, a pesar de que muchas veces no tienen los recursos. Hay una situación económica adversa y encima factores externos que los suelen complicar aún más, como por ejemplo el corte casi constante de la autopista a Buenos Aires en el sur provincial”, que causa un desvío de tránsito intenso a uno de los corredores.

Ante otra pregunta, Martino dijo que “son los propios administradores de los consorcios viales quienes nos advierten que tal como están sus números la ecuación económica no les cierra”.

Y sobre cuál es la solución de fondo para los consorcios viales creados en los ‘90, cuando se suponía que el peaje pagaría las obras que dejó de ejecutar la DPV, señaló: “A futuro debo entender que se deberá buscar una alternativa más viable. Puede pensarse en un esquema de mayor apoyo de la provincia al sistema actual de administración de los corredores viales o bien si se puede encarar directamente desde otra alterativa intermedia, que involucre a todos los interesados”, explicó.

Detalles

Los corredores viales son administrados por consorcios constituidos entre municipios y comunas vinculados directamente a la traza de las rutas que los integran.

El corredor vial 4, de la Ruta Provincial 18, comprende las comunas de Soldini, Peyrano, Santa Teresa, Coronel Domínguez y Villa Amelia. Es decir, desde el arroyo Saladillo hasta el límite con la provincia de Buenos Aires.

El corredor 6, de la Ruta Provincial 14, entre la Nacional 33 y la Provincial 93, comprende las localidades de Miguel Torres, Pueblo Muñoz, Villa Mugueta, Bombal, Arminda y Bigand.

En tanto, el corredor vial Nº 9 administra las rutas provinciales 6 y 70, comprendiendo localidades como Esperanza, Humboldt, Bella Italia, Rafaela, Presidente Roca, San Antonio, Vila, Coronel Fraga y Franck. Allí, el gobierno de la provincia invirtió más de 27 millones de pesos en la repavimentación total de la traza.

Marco legal

La ley 11.204 fue debatida y aprobada en 1994. Está vigente y su objeto es autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras viales por un plazo determinado a municipalidades y comunas vinculadas y/o unidades ejecutoras, “para la construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de obras viales”. Fue impulsada por Carlos Reutemann en su primer gobierno. El artículo segundo de la norma permite al Ejecutivo entregar fondos públicos a los administradores municipales y comunales de los corredores viales, sin mayores exigencias. Dice que las concesiones pueden ser subvencionadas “con una entrega de dinero o en especie por parte de la Provincia durante la construcción, o con entrega en el período de explotación, reintegrables o no a la concedente”.

Peaje de 2000, pensado en los ‘90

El cobro de peajes en rutas provinciales, a cargo de los denominados Corredores Viales es parte de la política de caminos que dominó la década del ‘90. Se trataba de quitarle deberes al Estado por vía de la privatización: concesiones a privados o a los municipios.

Achicar la Dirección Provincial de Vialidad -lo que se hizo a pie juntillas- fue la consigna en el Ministerio de Obras Públicas, hasta que estalló la convertibilidad.

Fue en 2000 cuando se concesionó el denominado Corredor Vial N°9, que une Santa Fe con Rafaela. Y que además atraviesa Esperanza, Humboldt, Bella Italia, Rafaela, Presidente Roca, San Antonio, Vila, Coronel Fraga y Franck, cuyas administraciones conforman el consorcio.

La capital provincial no es parte de esa administración, a pesar de que esa ruta la une con todo el noroeste santafesino y con el NOA argentino.

Durante ya más de una década, por el estado lamentable de la Ruta 70 -pero con peaje-, el mercado de consumidores de Rafaela fue quedando cada vez más lejos de la ciudad de Santa Fe.

Es que los consumidores rafaelinos, importantes por su número, pero también por su codiciada franja de alto poder adquisitivo, identificaron a la Ruta Nacional 34 como una alternativa a la problemática 70.

Rosario (en lugar de Santa Fe) fue el destino de aquellos consumidores rafaelinos -que durante esta década de decadencia de la 70- optaron por hacer 220 km hasta los shoppings rosarinos, en lugar de 95 km hasta Santa Fe y sus paseos de compras.

La opción fue pagar más peaje y contradecir la geografía, pero así evitar un pavimento complicado por deformaciones, ahuellamientos y ondulaciones, puentes en reconstrucción que exigían desvíos y pasos por tramos sobre tierra y ripio (cuando no barro) y por eso fuera poco, una travesía urbana interminable, con semáforos sin sincronización y lomos de burro en Esperanza.

Hoy la situación de la infraestructura ha cambiado, pero subsiste la idea de las rutas alternativas, pese que una dobla a la otra en distancias. Actualmente, hay $ 7 de peaje entre las dos ciudades santafesinas que comienzan con “R” (por la 34) y $ 3,5 entre santafesinos y rafaelinos (por la 70).