El equipo del Ministerio Público Fiscal, conformado por Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri, presentó este martes un voluminoso requerimiento de instrucción judicial ante el Juzgado Federal de Resistencia en donde pidió imputar a un centenar de personas por los delitos de sedición e incitación a la violencia, en medio de la brutal protesta policial que dejó a la provincia a merced de saqueos en los primeros días de diciembre del año pasado.

Entre otras cuestiones, en el escrito se detalla paso a paso lo que ocurrió en la capital del Chaco hasta que finalizó el conflicto y el distinto nivel de responsabilidades que le cupo a cada funcionario policial. El documento es particularmente interesante para ver qué ocurría en las dependencias policiales mientras que en las calles se producían saqueos e intentos de robo en banda por doquier.

Aquí, CHACO DIA POR DIA, publica el detalle de lo que ocurría durante aquellos turbulentos días.

3 de diciembre de 2012. En el marco de los saqueos y protestas policiales que se estaban perpetrando en otras provincias, la Policía del Chaco ya tenía datos de la posibilidad de producirse hechos de pillaje en esta zona del país, los cuales fueron recabados a través de las redes sociales. Las fechas marcadas eran el 23 y 31 de diciembre.

5 y 6 de diciembre. Ante esta posibilidad, el Jefe de la Policía, libró el día 5 un radiograma. Al día siguiente, después del mediodía, apareció una nueva publicación de un tal "Carlos Policía" en la red social Facebook, quien abiertamente invitó a los funcionarios policiales a luchar por una mejora salarial, siguiendo el ejemplo de las otras jurisdicciones del país. Por la tarde, comenzaron a circular mensajes de texto -enviados a través de Internet- en los cuales se azuzaba a los uniformados para que se sumen a una eventual sublevación. "Vamos a protestar nosotros también" y "vamos a conseguir un mejor sueldo", eran algunos.

Inmediatamente después se libró una orden de operaciones para que cada uno de los jefes de las distintas unidades se interioricen y estén preparados para acudir a posibles saqueos.

7 y 8 de diciembre. Los SMS que incitaban a la sublevación policial siguieron circulando. La consigna era organizar la protesta el 20, 23 o 31 de diciembre. Tan es así que hasta ese momento no había una referencia clara de la fecha de inicio de la huelga sino que sólo se hacía un indicativo señalando días cercanos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El 8 de diciembre, la situación era distinta. A través de la radio oficial de la Policía se hablaba de manera abierta del inicio de una protesta. Las máximas autoridades policiales, tanto de Resistencia como del interior provincial comenzaron una tarea de relevamiento del personal ante la posibilidad de que algunos uniformados en servicio abandonen sus funciones.

Cerca del mediodía, empezaron a surgir otros SMS que indicaban que se plegarían a una protesta personal de las comisarias Quinta y Séptima. El intercambio de mensajes se producían entre efectivos policiales de Resistencia con personal penitenciario de Sáenz Peña.

A las 15, le informaron al Subjefe de Policía, sobre "movimientos extraños" de los patrulleros de la Quinta y Séptima, en cercanías a la avenida Chaco y Soberanía.

Inmediatamente después vía radio oficial, el suboficial Jorge Duarte emitió un mensaje señalando que todo el personal policial se encontraba en la comisaría Quinta y que de allí no saldría. Esta situación se produjo a pesar del pedido efectuado por su superior comisario Fabián Sissul, Jefe de la comisaría Quinta. "No es nada contra usted, pero no le vamos a hacer caso a su orden", le habría respondido Duarte.

Junto con personal policial, patrulleros de la comisaría Séptima, Quinta y otras dependencias se dirigieron a la comisaría Primera y, junto a los funcionarios que los acompañaban y patrulleros, bloquearon la salida del lugar asignado a la Policía Caminera.

Los agentes que estaban a bordo de los patrulleros que obstruían el paso no respondían a los llamados de la superioridad dirigidos por radio. En ese momento llegó hasta el lugar el Jefe de la Policía y solicitó a los manifestantes que depusieran su actitud. Como vocero de los sublevados, Duarte respondió que no. Ante esto, se pidió que por lo menos no obstruyan las salidas de la comisaría Primera y que entregue las llaves de los patrulleros. Duarte volvió a responder en forma negativa. Esto último a pesar de haber manifestado que el reclamo era netamente salarial. Pasadas las 16,30, y en simultáneo a la protesta, unos 80 familiares de los policías en huelga cortaron ambas esquinas de la calle de la comisaría.

En medio de este clima enrarecido, se ordenó al Director de Zona Metropolitana, que disponga de personal de Jefatura, Investigaciones y Caminera, para suplir las faltantes, dado que con el correr de los minutos eran más los funcionarios policiales que se iban plegando a la protesta. Luego de lo sucedido, la cúpula policial se reunió con funcionarios provinciales en Casa de Gobierno a la espera de una respuesta a los reclamos que efectuaban.

A las 21, se dejó en claro que era imposible otorgar un aumento de 8000 pesos para el básico de un agente. Media hora después, llegaron hasta la Comisaría Primera -foco de la protesta- una comisión integrada por el Jefe de Policía; el Sub Jefe; el Secretario de Seguridad, y otros funcionarios.

En el lugar se habían concentrado unas quinientas personas, entre manifestantes policiales, dirigentes sociales y otras personas que generaban un clima de tensión. Además de Duarte, la otra vocera era la Sargento Primero, Karina Chas.

Durante la reunión, los sublevados solicitaron viviendas, mejoras salariales y que no se apliquen sanciones por la medida que estaban realizando. La comisión aconsejó redactar un petitorio, el que fue presentado a las 23 al capellán José Flores, quien a su vez se lo entrego al gobernador. Permanecieron en ese lugar hasta la mañana siguiente.

9 de diciembre. Ese día, el grupo de huelguistas iniciaron una caravana desde la Comisaría Primera, hasta la jefatura, pasando en su recorrido por la Comisaría Segunda. En su trayecto causaron daños de todo tipo e increparon al Jefe y otros funcionarios de dicha Comisaría. Estos hechos tuvieron lugar por un lapso de 20 o 30 minutos. Luego abandonaron la Comisaría Segunda y continuaron su recorrido hasta la Jefatura, lugar al que arribaron a las 9. Al edificio ingresaron unas 500 personas entre uniformados y personas de civil.

En ese momento, quien se encontraba a cargo - dado que el Jefe de Policía estaba en Casa de Gobierno - ordenó que se cerraran las oficinas, como también que el personal de Jefatura permanezca en los pasillos. Los manifestantes ingresaron por una cochera, produciendo también distintas roturas, luego salieron nuevamente a la calle.

Se dialogó con Duarte y Chas, ambos voceros policiales, a quienes le comentó que Peña estaba en Casa de Gobierno, intentando encontrar una solución al conflicto. Además, les pidió que entreguen los patrulleros, con la intención de contar con una guardia mínima. Ambos se negaron.

El Jefe a cargo volvió a pedir colaboración a los voceros y les solicitó que entreguen las armas largas y los chalecos. Chas y Duarte respondieron que no los tenían, aunque la información recibida de las Comisarías daban cuenta que quienes se plegaron a la protesta contaban con el equipamiento.

Esta situación generó que los pocos policías que habían en las calles de Resistencia no tuvieran el equipamiento ni los vehículos necesarios para intentar enfrentar los saqueos que se viralizaban en distintos supermercados de la ciudad. Para ese entonces, la capital del Chaco vivía un clima de psicosis y violencia, pocas veces visto. Supermercados cerrados, gente encerrada en sus casas y robos en banda por doquier.

Durante la noche, mientras se originaban saqueos, parte de los policías que se encontraba protestando fuera de la Jefatura tomaban bebidas alcohólicas, mientras insultaban al resto del personal en servicio.

A las 21, funcionarios del gobierno llegaron a la Jefatura. La comitiva se reunió con los voceros Duarte y Chas. Más tarde se presentó el por ese entonces ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

La muerte del joven Ricardo Romero, en un intento de saqueo a un supermercado, y la herida de bala que sufrió el subcomisario, Cristian Vera -quien murió varias horas después-, precipitó el acuerdo. Con esto, la protesta terminó. El servicio de seguridad comenzó a normalizarse y el personal que se encontraba protestando retomó sus funciones.

El daño, ya estaba hecho.