El Ministerio Público Fiscal es escenario de un pulseada que mezcla en dosis parejas cuestiones jurídicas, políticas y, también, personales. La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, jefa formal de los fiscales, enfrenta en las últimas semanas un virtual estado de rebelión de sectores que quieren su desplazamiento. 

La acusan de montar una estructura identificada en términos ideológicos y jurídicos con el kirchnerismo para, desde ese espacio, proteger los intereses de ex funcionarios acusados por hechos de corrupción y al mismo tiempo bloquear la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ella resiste de su despacho, habla de presiones políticas y advierte que está dispuesta a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso ser desplazada de manera ilegal.

El equilibrio de fuerzas en la puja pareció quebrarse la semana pasada cuando a los tribunales llegaron dos denuncias, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que abrieron un nuevo capítulo: se trata de dos recursos de amparo que piden que se declaren inconstitucionales los concursos convocados por Gils Carbó para cubrir fiscalías vacantes con candidatos provenientes de "canteras" de inocultable simpatía con el proyecto político que terminó el 10 de diciembre de 2015: Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Según los planteos, uno de los cuales recayó en el juzgado de Esteban Furnari, de allí salieron los postulantes y, al mismo tiempo, los candidatos.

Pero esos planteos cristalizan en un expediente frío una situación previa, de una tensión con una temperatura cada vez más alta. Los fiscales, sobre todo los que cumplen sus funciones desde el edificio de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, son los responsables de que una investigación contra un funcionario o un hecho de corrupción avance o quede estancada en un limbo de recursos y trámites leguleyos que sirven, solamente, para alejar la Justicia.

Caído el Frente para la Victoria de la cúspide del poder político, las causas por corrupción tomaron un súbito ritmo. Se pasó de la parálisis a un ritmo frenético de allanamientos, detenciones, más allanamientos, más detenciones, excavadoras, bolsos voladores en monasterios, más allanamientos, confesiones y otras delicias. En todos los casos, los fiscales tuvieron un rol clave.