Con la misma unanimidad que había obtenido en las comisiones, la Legislatura aprobó ayer la ley que incrementa en 60 veces el monto de las multas ambientales e incorpora aranceles por las inspecciones y certificaciones a empresas que impacten sobre el entorno. También se votó la creación de dos juzgados para controlar el funcionamiento de las cárceles y una reforma electoral orientada a incorporar las mesas mixtas y los nuevos formatos del DNI.

El incremento de multas implica una modificación de la Ley 1875, de cuidado del ambiente, que eleva el monto máximo de 100 mil a 6,2 millones de pesos a pagar en caso de certificarse daño al entorno. También comprende una actualización automática de los montos, el cobro de tasas por trámites ambientales (como los estudios de impacto e inspecciones) y la constitución de un fondo, del cual una parte se destinará a municipios afectados por contaminación.

Jesús Escobar (Libres del Sur) celebró el consenso logrado y remarcó que se trata de “un incremento de más del 6.000%, inédito en la legislación medioambiental del país”, aunque aclaró que el espíritu con el que se elaboró la norma “es disuasivo y no recaudatorio”.

Graciela Muñiz Saavedra (MPN) agregó que “un dato no menor también es la inyección del 80% de los recursos monetarios derivados de las multas a las localidades que hayan sufrido directamente algún daño”.

“Decimos sí a la explotación pero no a cualquier precio”, sintetizó José Rioseco (FPN), autor de uno de los proyectos que sirvieron de base para la ley.

Beatriz Kreitman (CC-ARI) se mostró crítica, si bien acompañó la votación. Explicó que “me genera preocupación que se corra detrás de los derrames” y cuestionó el último decreto que modificó los requisitos ambientales porque “permite evitar la realización de audiencias públicas”.

La ley que creó la figura de los jueces de ejecución penal también tuvo amplio respaldo. Prevé la apertura de dos organismos, uno en esta ciudad y otro en Zapala, cada uno a cargo del seguimiento de unos 200 presos.

Sergio Gallia (Nuevo Neuquén), como miembro informante, explicó que los juzgados implican un anticipo del nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, por los plazos para la votación en particular y la selección posterior de los magistrados, la puesta en marcha de ambos juzgados podría coincidir en los hechos con la aplicación de la reforma.

Gabriel Romero, compañero de bloque de Gallia, recordó que el proyecto de ley comenzó a tratarse a partir del asesinato del interno Cristian Ibazeta, en la Unidad 11. “Con esto buscamos que los derechos no se detengan ante los muros de la prisión”, señaló.

Todos los legisladores expresaron su acuerdo con la medida. Raúl Godoy (FIT) se abstuvo de votar y pidió avanzar con la creación de un Comité contra la Tortura. Otros, como Pablo Todero (PJ), recordaron que sigue pendiente la formación de un sistema penitenciario provincial.

En cuanto a la reforma electoral, coincidieron en que se trata de una modificación de aspectos formales y que queda aún por delante un cambio “de fondo”, como la inclusión del voto electrónico o la boleta única.