MADRID.- La interrupción de la afluencia de petróleo libio, que representa el 13% del total de las importaciones españolas de ese combustible, ya obligó al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar medidas urgentes para disminuir el impacto del aumento del precio internacional del crudo sobre la alicaída economía local.

En este sentido, ayer el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que se reducirá el límite máximo de velocidad en las autopistas de todo el territorio de España, de 120 a 110 kilómetros por hora, como parte de un plan de ahorro energético que buscará paliar el incremento de los precios internacionales del petróleo.

"Por cada 10 euros (14 dólares) que sube el precio del barril, España pierde 500 (680) millones mensuales o 6000 (8200) anuales", dijo el funcionario, quien al mismo tiempo intentó tranquilizar los rumores que daban cuenta de problemas de abastecimiento de petróleo y gas.

"No va a haber inconvenientes con el suministro de combustibles, aunque sí es verdad que la crisis está repercutiendo en el precio", reconoció.

Más tarde, el gobierno español, a través del Ministerio de Industria, estimó que el ahorro obtenido con la reducción del límite de velocidad máxima, que se aplicará el próximo 7 de marzo, alcanzará a los 2000 millones de dólares, como consecuencia de una caída del consumo calculada en 18 millones de barriles de petróleo al año.

Otras medidas

Pérez Rubalcaba agregó que su gobierno "también contempla" medidas adicionales para desalentar el uso de energía generada por el petróleo, a través de la reducción en un 5% del precio de los boletos de los trenes de corta y media distancia, que buscará convencer a los automovilistas sobre la conveniencia de usar el ferrocarril eléctrico.

Otra medida de pronta implementación será el aumento del porcentaje de biocombustibles en los combustibles, que actualmente es del 5,8% y pasará a ser del 7%.

Las nuevas disposiciones oficiales fueron rápidamente cuestionadas por diversos sectores de la prensa española, que consideraron "elevado" el costo de cambiar las señales de velocidad en todo el país, estimado en 340.000 dólares, y de otros trastornos, como el aumento de multas que deberán pagar los conductores ya acostumbrados a ajustarse al límite de 120 kilómetros por hora.

Sin embargo, desde la oposición, las críticas fueron aún más duras.

"La reducción de la velocidad máxima permitida como método para ahorrar combustible es una medida soviética, además de una de las improvisaciones más caóticas, ridículas y esperpénticas que se le han ocurrido al gobierno de Zapatero", dijo Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación del centroderechista Partido Popular (PP).

"Deben estar acostumbrados a estas medidas en Cuba, pero en España, no. También podrían habernos obligado a apagar la luz a las diez de la noche, a reducir el consumo de carne o a vivir dos familias por casa", ironizó el vocero de la principal fuerza opositora.