La calificadora de riesgo Standard and Poor's abrió un período de “revisión especial” de las notas de riesgo crediticio a varias provincias argentinas, entre las cuales está Mendoza. Esto significa que durante 3 meses evaluará su situación financiera, aunque desde la agencia advierten una “tendencia negativa” que puede inclinar la decisión de llevarla a una categoría 6, es decir una situación “volátil y de recursos insuficientes”.

En octubre de 2012 fue la última vez que S&P modificó la calificación de Mendoza a la categoría 5 (“marco institucional en desarrollo y desbalanceado”), lo cual implica que, según explican desde la calificadora, “las normas que regulan las relaciones con el Gobierno central no están exentas de posibles cambios, en tanto que el desbalance implica que la responsabilidad no asegura disponer de los recursos financieros”.

Ahora, la revisión especial con “implicancias negativas” (creditwatch) que se aplica a la calificación de la provincia, se atribuye al “debilitamiento del marco institucional en el que opera la misma”. El contexto institucional pondera la relación Mendoza-Nación y es uno de los indicadores que inciden en la calificación o nota global que le cabe a Mendoza, actualmente B-.

Para la evaluadora internacional, el sistema intergubernamental hoy es “menos predecible y más volátil, lo que afecta -en mayor o menor medida- a todos los gobiernos locales en Argentina”.

Desde el Ministerio de Hacienda evitaron pronunciarse sobre la revisión al menos hasta más avanzado el análisis o, en última instancia, con la baja de calificación consumada. “El cambio aún no se concreta. Además Standard nos ha pedido información que estamos enviando y es probable que hablemos al respecto, por lo cual vamos a esperar a que se complete ese trámite”, consignó la vocera de la cartera.

Además de Mendoza, la eventual baja de calificación crediticia incluye a la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Neuquén. De acuerdo al informe preliminar, “la colocación de las calificaciones en Revisión Especial con implicancias negativas sigue a nuestro ajuste a la baja de nuestra evaluación del marco institucional en el que operan las provincias y municipalidades de Argentina”.

Técnicamente, podría trazarse un paralelismo con un diagnóstico médico: mientras el creditwatch es un monitoreo de la salud del enfermo con la perspectiva que empeore o mejore en el corto plazo (3 meses), una revisión de la calificación proyecta tendencias a 2 años como mínimo. En este caso involucra, entre otros indicadores, el pago de los servicios del bono de deuda que Mendoza emitió en mayo bajo la modalidad dólar-linked por U$S 90 millones.

Vulnerabilidad y otros ítems

La calificación general que hoy se le asigna a Mendoza es B. Esto implica, a criterio de S&P , ser “más vulnerable a condiciones adversas financieras o económicas”, y con una capacidad más limitada “para cumplir compromisos financieros”.

La agencia dice que el ajuste a la baja en la evaluación del marco institucional de Argentina refleja “nuestra visión de un sistema intergubernamental menos predecible y más volátil como resultado de las continuas modificaciones y restricciones en el sistema general, que afectan negativamente la situación financiera de los gobiernos locales”.

La vulnerabilidad al riesgo político es ponderado como la causa de “incertidumbre sobre los ingresos y gastos y en consecuencia genera mayor presión fiscal a nivel local”, dice el informe de S&P para justificar la revisión, que también señala complicaciones para contener los déficits .

La dependencia financiera provincial del poder central es señalada como el principal factor a la hora de la revisión del marco institucional. La discrecionalidad de las decisiones de la Nación en la transferencia de fondos no coparticipables impacta, según la agencia calificadora, en una mayor vulnerabilidad.

Como lo explica Delfina Cavanagh, analista de S&P, “en cuanto al marco institucional, pasar de categoría de 5 a 6 refleja un contexto más impredecible y que, en el caso de Mendoza, es un proceso de deterioro que evaluaremos, al igual que su impacto en la calidad crediticia, en los próximos tres meses”.

La ejecución presupuestaria provincial, el impacto de la inflación (sobre todo en los salarios), los servicios de deuda, “la estrategia para cancelarlos, la necesidad de financiamiento para el resto de 2013, las estimaciones de cierre del año fiscal y la flexibilidad para enfrentar los problemas y lograr revertirlos son cuestiones a tener en cuenta”, explicó Cavanagh. Para la analista, si bien la nota no se ha modificado aún, las condiciones actuales “muestran debilidad, pero dependerá de las razones que se confirme la baja de la calificación, que ahora está revisándose”.

Por lo pronto, la B coloca a Mendoza al mismo nivel que las otras provincias evaluadas. Una causa es, a criterio de S&P, “que la situación fiscal se ha deteriorado en los 2 últimos años, generándose una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo”.