SAN FRANCISCO - El Gobierno de Córdoba decidió no avanzar en la modificación del impuesto Inmobiliario Rural que estaba analizando con las entidades representativas del sector agropecuario. Así lo manifestó el gobernador José Manuel de la Sota, quien consideró que no hay tiempo material para elaborar el consenso necesario para cambiar el mecanismo de recaudación que se aplica al campo.

De este modo, la reforma se aplicaría en 2015 si se logra el apoyo de los representantes de los productores.

“Estamos conversando con las entidades del campo, ahora hemos puesto un poquito el freno. Yo les hice una propuesta de crear un presupuesto agropecuario y establecer un índice de productividad por zona”, expresó el jefe de Estado provincial.

La idea de elaborar un “presupuesto agropecuario” apunta a transformar el impuesto Inmobiliario Rural en una especie de tasa por los servicios que recibe el sector.

Otro objetivo es terminar con las discusiones sobre la valuación fiscal de la tierra, lo que incide sobre el monto a tributar por los productores cordobeses.

“La tierra no tiene valor inmobiliario, la gente no tiene el campo para venderlo, lo tiene para hacerlo producir. Entonces nos parece más lógico tomar un índice de productividad por zona”, sostuvo el titular del gobierno provincial intentando justificar la modificación del criterio para calcular el tributo.

Claves de los números rurales

La formulación de un “presupuesto agropecuario” abarcaría los aportes necesarios para atender los gastos para el mantenimiento de la red vial por parte de los Consorcios Camineros, los Consorcios Canaleros, las obras de electrificación rural, el servicio educativo y la seguridad rural, entre otros ítems que son requeridos por el sector. A partir de conocer las necesidades, el Gobierno provincial pretende organizar un fondo fiduciario que capte todos los aportes provenientes del sector agropecuario

“Estamos conversando sobre esto pero no se va a dar para el año que viene. Yo calculo que vamos a tener los impuestos como los tenemos ahora” apuntó De la Sota, quien calificó como “novedoso” el mecanismo que se pretende acordar con las entidades representativas del campo.

Admitiendo que aún no se logró el acuerdo con la representación del sector productivo el gobernador aclaró: “Como toda cosa nueva siembra un poco de inquietud entonces nosotros no queremos tener inquieto a nadie, queremos que la cosa salga del consenso, del diálogo”.

Para poder establecer claramente las condiciones de estructuración de la nueva forma del tributo es necesario contar con los números en la mano, para acordar con las entidades ruralistas la forma de concretar el proyecto del Poder Ejecutivo provincial. Ello implica tiempo y trabajo, por lo que recién en 2015 se estaría en condiciones de implementar esta reforma.

“Yo creo que es muy bueno porque la gente del campo va a saber que lo que paga no se utiliza para otra cosa que no sea el crecimiento y el desarrollo productivo del sector agropecuario” enfatizó el mandatario defendiendo el proyecto.

“Esto sería la eliminación del inmobiliario rural sería prácticamente la recaudación de un tasa de servicios para el campo”, aseguró De la Sota.