Buenos Aires. Una semana después de los saqueos que siguieron a la rebelión policial, el gobernador José Manuel De la Sota les pidió disculpas a los cordobeses y ensayó una autocrítica.

“Quiero pedirles disculpas a los cordobeses que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del Gobierno nacional, de la policía y de los propios vecinos que lamentablemente participaron del pillaje. Tenemos que reconocer cuando las cosas no salen bien”, dijo De la Sota en conferencia de prensa en la Casa Rosada después de reunirse con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Como parte de las reuniones con gobernadores para acordar agendas bilaterales que abrió el Gobierno nacional, Capitanich y De la Sota tuvieron una reunión de 45 minutos; un tiempo igual al que insumieron en el encuentro con los periodistas, y en el que la única coincidencia fue al condenar los amotinamientos policiales, negar que los saqueos sean una “eclosión social” 
y responsabilizar de esos 
hechos “premeditados” 
a “bandas de delincuentes”.

Segundo plano

Los saqueos en distintos puntos del país ante rebeliones policiales después de los sucesos en Córdoba, desplazaron la atención sobre los reclamos de la provincia a la Nación que el gobernador le dejó a Capitanich en una voluminosa carpeta roja, en el encuentro que, se encargó de remarcar, fue “el primero desde que hace 725 días los cordobeses me elegían gobernador”.

El único logro que se llevó fue magro: la postergación por el primer trimestre de los pagos de capital e intereses de la deuda con la Nación por 966 millones de pesos que Córdoba tiene que afrontar en todo 2014.

Por lo demás, sólo una autorización para tomar deuda por 446 millones de pesos de la CAF (Corporación Andina de Fomento) para el acueducto Los Molinos, una obra que en una visita en abril de 2011 la presidenta Cristina Fernández había 
prometido financiar totalmente con recursos de la Nación.

Sobre el dinero de la Anses para la construcción de la central Pilar, quedaron en seguir la conversación. Ni se habló de las demandas de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia (la deuda con la Caja de Jubilaciones y la devolución del 15 por ciento de la precoparticipación), como tampoco de la Nación (la tasa vial provincial aprobada este año).

Agendas distintas

Capitanich buscó en todo momento ceñir la reunión a la agenda bilateral, a juzgar por sus dichos en la conferencia de prensa. Siempre con el recordatorio de que la seguridad pública es una facultad no delegada de las provincias, frente al intento de De la Sota por compartir responsabilidades y atenuar las propias. Por caso, cuando se dijo sorprendido por la rebelión policial en Córdoba, a la que, para negar que haya estado en riesgo la gobernabilidad, diferenció del “Navarrazo” que en febrero de 1974 destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano.

“Era impensable para cualquier gobernante que una reclamación salarial derivara en lo que estamos viviendo hoy en el país: que policías abandonen a la gente a su propia suerte, al pillaje y al bandidaje, a las organizaciones de delincuentes”. O cuando puso a la par estos motines con la protesta también salarial que “nos pasó antes”, en 2012, con la Gendarmería Nacional.

Prolífico en adjetivar los sucesos en Córdoba (“incalificable”, “inaceptable”, “condenable”…), De la Sota eludió ante una pregunta admitir que los mismos puedan haber sido “el disparador” de los que siguieron en el país, y justificó: “Había una demanda contenida en todas partes. Lo grave es la forma de expresión”.

Tras cartón, prometió que la Justicia cordobesa irá hasta los últimos responsables: “Sectores amotinados incentivaron el accionar de los delincuentes, cuando no participaron”, dijo.

No mencionó, al respecto, que el acta que puso fin a la rebelión establece, en su punto segundo, que no habrá sanción disciplinaria para los policías que la condujeron.

También en plan de sostener haber sido sorprendido por la rebelión policial, De la Sota afirmó que “nadie de las autoridades policiales nos alertó que un reclamo sindical y laboral podía llegar a tener esta virulencia” y admitió que la protesta pudo haber sido una represalia por el cierre de prostíbulos y las destituciones relacionadas con el narcoescándalo: “Tal vez sectores a los que este gobierno enfrentó pueden haber operado (en los saqueos)”.

Miradas paralelas

Capitanich, en vez de jefe de Gabinete se comportó por momentos cual gobernador aunque siga siéndolo, de Chaco, con licencia. Por caso, cuando eludió dar una cifra nacional de muertos por los saqueos y redujo la cuenta a los tres en su provincia. Coincidieron, de todos modos, en el modus operandi : “Grupos anárquicos, violentos, saqueos simultáneos, grupos organizados, mostrando armas, en un claro intento extorsivo y de presión a gobiernos legítimos”.

La diferencia volvió a descubrirse a la hora de consultársele a De la Sota cómo prevé financiar el aumento de los policías, como al resto de los sectores de la administración provincial. Después de admitir que ni él ni ninguno de los gobernadores “está negociando en condiciones normales” con los policías amotinados, se redujo a decir que “vamos a enfrentar con seriedad” la negociación salarial y recordar que la Legislatura trata por estos días el Presupuesto y la ley impositiva. Postergó hasta febrero próximo una definición salarial con el resto de los gremios de empleados públicos.

Tomó distancia, en cambio, Capitanich. “Cada provincia es autónoma en la administración de sus recursos. Las negociaciones de cada provincia (con los policías rebeldes) se hizo de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, no con la pretensión de un auxilio por parte de la Nación”.