Sospechan sobre la “protección” del dasnevismo a una petrolera

El ex secretario de Hidrocarburos, Sergio Schiavoni, alertó sobre la gestión de la petrolera Andes Energía, entre cuyos accionistas figuran los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, y el chubutense Jorge Aidar Bestene, asesor del gobernador Mario Das Neves.
Schiavoni señaló que “esta empresa ya tiene seis áreas y no ha hecho nada en los años que lleva con la adjudicación de las mismas”. En ese marco, dijo no estar de acuerdo con la oportunidad que le concede el gobierno de Das Neves para que se presente en las nuevas licitaciones. “Espero que no le den ninguna área. También tienen áreas en Neuquén y Mendoza. Y los han echado de otras por, diría, la falta de escrúpulos para presentarse a licitaciones, demorar la exploración y lucrar sólo con fines inmobiliarios al tener áreas en la provincia”, denunció.

Datos

Cabe recordar que Andes Energía, un grupo inversor conformado por capitales ingleses y argentinos, se quedó, en su momento, con el cincuenta por ciento de Sodemsa, la sociedad controlante de Edemsa.

Quedarse con parte de Edemsa fue parte de un plan de inversiones en activos por un total de 72,5 millones de dólares, que incluía participación en licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos en Chubut, Río Negro, Salta y eventualmente Mendoza.

Michael Stevens, el Presidente del Directorio de Andes Energía, dijo en esas circunstancias que "la combinación de producción y distribución de energía nos dará una base sólida sobre la que desarrollaremos las actividades de exploración de gas y petróleo".

En esa época el sesenta por ciento del capital de Andes Energía estaba en manos de un grupo de empresarios locales Daniel Vila, Alfredo Vila, José Luis Manzano, Luis Nofal y Jorge Aidar Bestene, mientras que el restante cuarenta por ciento era Ragusa Capital, de origen británico.

“Solo hay dos geólogos”

También Schiavone, advirtió sobre el “descontrol” en el tema petrolero, señalando que actualmente la dependencia que conducía tiene solo dos geólogos y ningún ingeniero. “No hay control cuando es función del Gobierno cuidar el recurso y no se está haciendo”, señaló.

Schiavone, quien dejó la función a raíz de que habría pedido investigar el caso de las “resoluciones mellizas”, dijo que “no no conozco una sola política de hidrocarburos que se haya encarado” en la era dasnevista.

Señaló luego que “el año pasado sin saberlo se pasó toda la propiedad de los yacimientos de la provincia a Petrominera. No es legal. Es una barbaridad jurídica y no tiene validez. Está prohibido. Eso era de la provincia –cuestionó- y no se podía vender ni dar ni ceder a ninguna empresa privada o del Estado”.

Asimismo, consideró que en Chubut no hay política petrolera y que las pymes de servicios están desprotegidas en sus negociaciones con las operadoras. Criticó a Petrominera, explicó qué tan complicadas son las negociaciones con las operadoras y pidió que las petroleras tengan una oficina local que atienda los problemas operativos.

El escenario de números en rojo para las pymes y de ganancias crecientes para las operadoras, fue destacado por Schiavoni. “El gobierno hizo reuniones con las empresas, pero no ha dado resultados porque no existe un organismo en la provincia que maneje estos temas. Y ese organismo es una Secretaría de Hidrocarburos con todas las letras”.

Crisis

Por su parte, la Cámara de Empresas Regionales del Golfo San Jorge que están relacionadas con la actividad petrolera, advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector, precisando a través de un documento que más de diez empresas se encuentran al borde la quiebra.

En línea con ese pronunciamiento, el presidente de esa corporación, Matías Twardoswky, dijo a la prensa comodorense que “así no se puede continuar” y que “las empresas están en una situación económica muy grave”.

Con relación a la presencia del gobierno provincial, el empresario dijo que “el resultado está a la vista. Después de tanto tiempo y de ser cautelosos y no querer interferir en los tiempos políticos, se ve que los más afectados que están en la cadena de valor son las contratistas”.

Detalló que la situación “depende de un conjunto de voluntades que deben resolver la situación. El poder político debe tratar de cumplir y bregar para que las contratistas puedan trabajar los 30 días del mes. No pedimos ni más ni menos que eso. Cumplido eso, uno de los problemas se resolvería”, explicó. “Evidentemente, este camino iniciado de la mano del poder político ha fracasado”, indicó.

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