El Ministerio de Hacienda llevó ante la Fiscalía de Delitos Complejos una serie de casos donde se detectó el posible fraude al Estado a partir de la falsificación de boletas de pago del Impuesto a los Sellos realizada en transferencias de vehículos 0KM y usados. A priori, en el Gobierno sospechan que puede tratarse de una organización delictiva, ya que el modus operandi para falsficar documentos públicos era similar en las distintas operaciones de compra y venta detectadas en el último año.

La denuncia fue hecha pública por el ministro Marcelo Costa, a partir de las averiguaciones realizadas por la Agencia Tributaria Mendoza, el organismo recaudador de impuestos que dirige Claudio Gil. Los 45 casos detectados por la ATM ya se encuentran bajo la inspección de la fiscal Claudia Ríos desde hace dos meses, aproximadamente.

Según indicó Gil, el fraude saltó cuando el área de inteligencia fiscal cruzó información sobre aquellos lugares donde había mayor movimiento de impuestos. La falsificación era de muy buena calidad y a simple vista los sellos utilizados para dar veracidad a la compra pasaban desapercibidos. Pero en rigor, eran falsos e incluían varias instancias públicas a la hora de realizar la transferencia de un vehículo.

Los documentos falsos hacen referencia a distintas operaciones en diversos registros del automotor, ya sea para la compra de autos 0km, usados y prendados. Dado que no llegó a las arcas provinciales, en Hacienda calculan que la evasión alcanza la suma de 100 mil pesos. Cabe recordar que, por el impuestos a los sellos, se tributa el 1 por ciento del valor del vehículo que se transfiere.

Los funcionarios explicaron que el fraude al Estado se dio en boletas de pago del impuesto a los sellos, sellos de pago del Banco Nación y el que suele utilizar la Dirección General de Rentas para certificar el pago de estos gravámenes.

Los instrumentos falsos detectados son: sello de ATM; estampado de ATM en el formulario de inscripción; boleto de pago ATM; ticket de pago banco y sello en el ticket de pago del banco.

"Creemos que se ha afectado a estos contribuyentes que llevaron adelante la compra de un auto y que voluntariamente han pagado a un intermediario para que realice este pago de impuestos que finalmente no se realizó”, aclaró Costa. Con esta explicación, los funcionarios presuponen que los compradores no estarían al tanto de esta maniobra ilícita.

De hecho, según aclaró el titular de la ATM, se ha podido identificar en estas maniobras a concesionarias de autos y gestores o intermediarios. Resta determinar si también se realizaron en complicidad con personas que se desempeñan en los registros del automotor.

"No sabemos cuál es el nivel de organización. Pero la calidad de la falsificación es muy buena, por lo que creemos que hay algún tipo de organización detrás", afirmó Gil.

Las tareas de inteligencia fiscal también permitieron determinar que el fraude se realizó cuando el Impuesto a los Sellos se realizó de forma manual. A la hora de pagar este gravamen, se puede recurrir a esta forma o, bien, a un régimen de percepción -es decir, a través de los registros del automotor-.

Gil subrayó que el 20 por ciento de las operaciones de transferencia de vehículos se realizan bajo la forma manual lo que otorga una ventaja a un trámite engorroso en lugares donde hay mucha gente esperando: a través de un gestor que conoce al pié de la letra la gimnasia burocrática y permite adelantar tiempo en el trámite. La mayoría de las operaciones fraudulentas, precisamente, fueron realizadas en forma manual y los intermediarios ya llegaban con los papeles completos y sellados a los registros.

Por ello, a partir de ahora la ATM impulsará un sistema informático de declaración jurada de impuestos a los sellos, impidiendo el registro manual, lo que evitaría estas maniobras fraudulentas.

Por lo pronto, se estima que la investigación que comience la fiscal Ríos podría dar lugar a más casos. En principio, se detectaron 15 transferencias con irregularidades y en la actualidad llegan a 45. Desde la ATM señalaron que seguirán con las fiscalizaciones a los registros del automotor.

Por este delito, se puede solicitar penas de hasta 6 años de prisión, ya que está enmarcado en la Ley Penal Tributaria.

Otra denuncia que quedó en la nada

La denuncia por evasión fiscal no es la primera que el Gobierno provincial efectúa con gran repercusión mediática. A principios de este año, el Ministerio de Salud denunció a cuatro empleados de la oficina de Matriculaciones por cobros irregulares a profesionales de la salud. La situación saltó a la vista por denuncias anónimas cuando la "tarifa" por el trámite arancelado subió abruptamente de costo. Salud inició una investigación administrativa y el escándalo se politizó en la Legislatura. Hubo un intento para citar al ministro Carlos Díaz Russo que el FpV no dejó prosperar. Las denuncias quedaron en la nada y los empleados siguieron en sus puestos.