El gobernador Carlos Soria confirmó que esas relaciones estatales "caerán" para luego evaluarlas puntualmente.

"Tengo que censar", remarcó.

Su secretario General, Hugo Lastra aportó argumentos. "Hay unos 200 contratados en la Secretaría, pero 47 no sabemos dónde trabajan y figuran fuera de Viedma", explicó.

UPCN ya diferencia su protección. "No podemos defender a los que no fueron a trabajar", dijo su titular, Juan Carlos Scalesi. El gremio entregará formularios para que cada cesanteado formalice un amparo en la Justicia. ATE se abroquela y llama a la defensa de todos los incluidos, que estimó en "más de 6.500" agentes.

El viernes, Soria reiteró que "todos los contratos se acaban. Después, vienen, dicen qué hacen, qué horario cumplían, quién era su superior y entonces vuelven a entrar. Tengo que censar. Muchos nunca laburaron", resaltó. "No voy a hacer nada –agregó– que no me diga la ley", pero recordó un reciente fallo de la Cámara de Roca por contratos en Río Colorado, destacando su intención de concursos públicos y abiertos para los próximos ingresos.

La gestión de Miguel Saiz desplegó una disparidad de figuras laborales, todas de incierta legalidad. Esta deficiencia era extensiva a los montos, que rondaban de 300 a 1.000 pesos, salvo raras excepciones.

No hay datos finales, pero según un cruzamiento de "Río Negro", el número sería de 3.300 a 3.500 personas en esa situación.

Al finalizar el 2011 concluirían unos 1.400 contratos: 800 casos formalizados después del 30 de abril del 2009 (fecha de corte de la ley 4.420 que estableció el pase a planta) y 600 empleados con locación de servicios (que eran agentes del decreto N° 115 y después se incluyeron en esa figura, según el decreto N° 792/10).

El listado del personal sumaría otras 2.000 personas, con mayor precariedad laboral, como los Tyc, "becas" y horas cátedra.

El reparto de los TyC (Trabajo y Capacitación) alcanzaría a un millar de desempleados (con pagos mayormente de 300 a 600 pesos), y se sumarían otro millar con becas y horas cátedra, que la gestión del ex ministro de Educación, César Barbeito, transformó en convenios laborales, esencialmente para su reclutamiento político.

Por su irregularidad o su dispersión en la asignación, el Estado no dispone de registros confiables de los empleados que figuran en esa situación. Muchos continuaron esta semana con sus labores y sus obligaciones, pero otros siguieron ajenos a cualquier actividad estatal.

En otro andarivel, un grupo de contratados –que sería de 300 a 500 agentes– no concluyó aún con su pase a planta aunque cumple con la antigüedad fijada por la ley 4.420, pero todavía no documentaron otros requisitos. Se acumulan trámites pendientes por problemas de nacionalidad, de expedientes disciplinarios o falta el certificado psicofísico.

Lastra también abrió el análisis de las últimas incorporaciones. "La estabilidad es a partir de los seis meses y algunos ingresaron en planta hace 15 días", comentó. Antes, el gobierno entrante manifestó que revisarían los ex funcionarios políticos incorporados a planta permanente.