La senadora nacional lamentó que “por dos modificaciones menores se dilate la sanción de la ley”. El proyecto volvió a Diputados.
Asimismo manifestó su deseo que “la Cámara de Diputados avance rápidamente para dar respuesta a miles de parejas que esperan concretar su deseo de ser padres”.
“ Denegar el derecho a la procreación implica denegar el derecho a la salud y a constituir una familia a un importante sector de la sociedad”, agregó la parlamentaria. Sostuvo, además, que “el proyecto busca poner fin a una situación de discriminación porque, a pesar de que no existe una ley nacional, los tratamientos están permitidos y se realizan en la Argentina desde hace 30 años. Esta situación no tiene un efecto neutro, afecta a un sector vulnerable que no pueden pagarlos”.
Advirtió, por otra parte, que “esta injusticia ha sido solucionada en algunos fallos judiciales, pero en algunos casos los magistrados rechazan las demandas porque los tratamientos no están incorporados al Plan Médico Obligatorio, que es lo que propone esta iniciativa”.
La parlamentaria salteña recordó, por último, que “ante el vacío legal existente a nivel nacional llevó a que algunas provincias avanzaran con legislaciones provinciales. Es el caso de Buenos Aires, Río Negro y Córdoba”.
El proyecto
El proyecto establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar, como prestaciones obligatorias, la cobertura integral de los procedimientos de reproducción humana asistida.
La norma propone incluir también en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, y establece, también, que “no se podrán introducir limitaciones por la orientación sexual o el estado civil de las personas”.

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