Un solo fiscal investiga a policías y saqueadores

Un solo fiscal investiga a policías y saqueadores
Se estudia una posible conexión entre los grupos. Garzón quedó a cargo de las causas con varios detenidos. Hasta ahora, había cuatro fiscales.

La causa de los saqueos y motín policial del 3 y 4 de diciembre pasados tendrá un solo fiscal, en lugar de los cuatro que venían actuando hasta ahora.

La Fiscalía General de la Provincia dispuso que la investigación quede a cargo del fiscal de Distrito III, Turno 7, Raúl Garzón, quien hasta ahora había sido el funcionario judicial más activo con esta causa.

La fiscal General adjunta a cargo del Ministerio Público, Marta Cáceres de Bollati, consideró que es más conveniente que sea un solo fiscal el que esté a cargo por la “naturaleza y la complejidad de la investigación, como así también por razones de celeridad, economía procesal y unidad de criterio”.

Hasta ahora, la causa de los saqueos estaba a cargo de cuatro fiscales. Además de Garzón, entendía José Mana, Adriana Abad y Jorgelina Gutiez.

Según lo que se conoció, Cáceres de Bolatti resolvió la unificación de la llamada “línea policial” en la investigación sobre la revuelta de los uniformados que derivó en saqueos en la ciudad de Córdoba.

Lo actuado

Además de los apresados por los saqueos a comercios, Garzón ya detuvo 18 uniformados y a una exagente del Servicio Penitenciario Provincial por su actuación en la protesta policial, de los que fueron liberados tres.

La decisión la tomó porque entiende que estos uniformados desoyeron las órdenes de sus jefes de turno que debían retomar sus funciones e instigaron a los demás a que se sumaran a la desobediencia. Es decir que apunta a los cabecillas de aquella singular protesta, en la que participaron centenares de efectivos, y que tuvo un efecto contagio en otras provincias.

Sobre los uniformados investigados por la revuelta, pesan las imputaciones de desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos.

La penas para este tipo de delito van en torno a los dos a seis años de prisión.

Al respecto, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el sábado que enviará a la Legislatura un proyecto de ley “antimotines”, que contempla hasta la expulsión de la fuerza de los que “promuevan conductas de insubordinación”.

De la Sota fue muy duro en su discurso al sindicar las responsabilidades de los policías en los violentos sucesos y hasta dio a entender que existió un grado de complicidad entre los uniformados y los saqueadores.

Además, dijo que se creará el Consejo de Bienestar Policial para atender las demandas de los integrantes de la fuerza.

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