Hernán de GoñiCualquier ciudadano que lea las minucias de la política argentina expuestas en los documentos revelados por WikiLeaks, tiene todo el derecho a esperar que aquellos funcionarios que aparecen sospechados de un delito, sean objeto de una investigación judicial, o por lo menos de una interpelación parlamentaria.
Para la prensa, muchas de las afirmaciones recogidas por funcionarios de la Embajada de EE.UU. no resultan sorpresivas. Es que el actual gobierno (mucho más que todos sus predecesores) castigó el debate público de políticas, ya que desde el primer día de su gestión interpretó que las diferencias de opinión eran una señal de oposición.
Así fue como todos se acostumbraron a hablar a espaldas del “rey desnudo”. Pero si un fiscal no se inmuta frente a la mención pública de un delito, entonces lo que muestra el escándalo es que en realidad no corresponde aplicar esta parábola a los gobernantes, sino a todo el sistema.
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