La Reforma conoció que el pedido de “prueba jurisdiccional” se formalizó durante una audiencia de la que tomaron parte el fiscal Gilardenghi, la defensora oficial María José Gianinetto -que asiste a Ragonese- y el juez de Control sustituto Diego Ambrogetti, quien hizo lugar al pedido de la parte acusadora.

En realidad Gilardenghi adelantó el pasado domingo 28 de abril, cuando se formalizó la investigación contra Ragonese, que existían distintas medidas probatorias a solicitar, entre ellas exámenes de ADN, teniendo en cuenta que la joven imputada fue hallada con “manchas de sangre” en su cuerpo y prendas de vestir durante la madrugada del sábado 27 cuando fue hallado el cuerpo sin vida de su pareja, Abel Maximiliano Pérez (35 años) en el interior de un domicilio de calle 8, entre 27 y 29 del barrio El Molino, en el que convivían junto a familiares del occiso y un pequeño hijo de ambos de sólo un año y medio de vida.

Precisamente a raíz de la situación de maternidad es que Ragonese se encuentra, desde hace poco tiempo, cumpliendo “arresto domiciliario” en la Casa Juana Azurduy de la ciudad de Santa Rosa, un espacio que alberga a víctimas de violencia de género.

Como se informó oportunamente, luego de que la Fiscalía formalizara la investigación por “homicidio calificado por el vínculo” y la Justicia local dictara “prisión preventiva hasta la finalización del proceso” contra la imputada, la defensa insistió con una medida sustitutiva de “arresto domiciliario”, intentando en principio que esto se cumpla en el Hogar de Madres Solas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de esta ciudad.

Dicha posibilidad fue rechazada por las autoridades comunales, lo que molestó a la defensora Gianinetto, quien consideró que “los funcionarios municipales demostraron falta de solidaridad y sentido humanitario para con la chica y su hijito”, luego de que la Justicia local hiciera lugar al alojamiento en el espacio santarroseño.