"No puede ser que cada vez que un funcionario público comete un delito todo quede en la nada. Esto es más de lo mismo. Alguién debe poner un corte a esto de que siempre los más pobres de la sociedad son los que pagan. Porque acá las únicas perjudicadas son las 1800 familias PIL" expresó el abogado Gabriel García Cruz, uno de los querellantes en las causas por estafa que la Justicia Provincial tramita contra la Secretaria de Hacienda Municipal, contadora Claudia Ortíz.

Tránsito lento

A casi dos años de iniciada la causa, sus tiempos judiciales parecen seguir los tiempos políticos. Por lo menos así opina García Cruz. Quien en diálogo con Radio Fénix adelantó que dejará la causa, por entender que el inicio del proceso judicial logró su objetivo personal: "que los 1800 PIL tengan los aportes jubilatorios y los seguros médicos que les correspondían".

Ante de hacerlo, García Cruz anticipó que solicitará la prisión preventiva de Ortíz. Según argumentó, las declaraciones de la acusada durante las indagatorias del martes, no dejaron lugar a dudas sobre la concreción de una estafa a los trabajadores PIL.

Ayer martes, por primera vez la contadora Ortíz accedió a responder preguntas de los querellantes. "Para mí no estaba preparada para eso, porque pensó que nadie iba a realizar preguntas. Pero de sus respuestas queda configurado el delito de estafas" manifestó García Cruz.

Las preguntas

La primer pregunta realizada a la titular de Hacienda del Municipio capitalino fue respecto a la firma del convenio con la Secretaría de Empleo de la Nación el 7 de diciembre de 2010. "Le pregunté si ella sabía que el convenio que se firmaba no podía ser cumplido por el Municipio. Me respondió que si lo sabía. Pero intentó argumentar algo respecto a la Autonomía Municipal. Lo cierto es que sabía que el Municipio no puede contratar trabajadores, menos realizarle aportes jubilatorios, porque el Municipio no cuenta con CUIL" contó García Cruz.

La segunda pregunta de la querella apuntó a revelar si la acusada ocultó o no, una información que era clave para los trabajadores PIL.

"Concretamente, le pregunté si a los PIL se les había notificado formalmente que no iban a gozar de los beneficios de jubilación y seguro de salud" contó el abogado querrellante y recordó que en los recibos de sueldo expedidos por Ortíz figuraban supuestos descuentos de dinero por estos conceptos.

García Cruz también relató que los trabajadores PIL festejaron la inclusión en planta transitoria del Municipio, evaluando como una conquista laboral para sus familias, poder contar con aportes jubilatorios y seguro médico para su grupo familiar. Pero ningúna de las familias, tenía estos beneficios. "Allí es donde el PIL es estafado en su buena fe" remarcó el abogado.

"La contadora Ortíz manifestó que no se les comunicó a los PIL que no rercibirían esos beneficios. A pesar de verse reflejados tales descuentos en los recibos de sueldo, esta gente no podía gozar de los mismos" subrayó el querellante.

"Con lo cual queda configurada la estafa a la buena fe de las personas" precisó García Cruz y aclaró que "esto es una estafa independientemente se haya manejado plata o no, en la liquidación de haberes".

Prisión Preventiva, sin excarcelación

En este marco, García Cruz explicó que la causa contra la contadora Ortíz debe ser elevada a juicio independientemente existan o no querellantes. "El juez está obligado a actuar porque se trata de un delito con fondos públicos" explicó y precisó que solicitará la prisión preventiva de la titular de Hacienda Municipal.

Para García Cruz, la funcionaria quintelista no podría acceder al beneficio de la excarcelación. Es decir, a esperar en libertad la concreción del juicio. Ya que el delito de estafa contempla una pena máxima de seis años. Número que multiplicado por las cuarenta causas obrantes, exceden el mínimo de condena que el codigo de procedimientos establece para brindar el beneficio de la excarcelación.

Otro punto que impediría a Ortíz acceder al beneficio es el hecho de que "la acusada es la cabeza del organismo donde obra toda la documentación que nos permitiría acceder a la verdad" explicó García Cruz y detalló que ante la posibilidad de entorpecer la causa, el juez debería haber ordenado la prisión preventiva de Ortíz al momento de dar inicio al proceso judicial.