Según las entidades, el emprendimiento avasalla los derechos humanos de pueblos originarios y comunidades campesinas que viven en la zona.

La aplicación de medidas de protección y conservación del monte chaqueño; el consentimiento previo libre e informado de las comunidades originarias y la resolución del amparo ambiental para la protección del monte en el departamento Santa Bárbara presentado hace más de tres años, son las principales demandas de las entidades.

“Seguiremos denunciando la inoperancia de los funcionarios provinciales que parecen más interesados en garantizar las ganancias de los empresarios, que en proteger el bosque nativo y la vida de campesinos y pueblos originarios”, expresaron.

Destacaron que los agronegocios “continúan avanzando sobre los bosques nativos y avasallando los derechos humanos de pueblos originarios y comunidades campesinas, que ven como tras el paso de las topadoras, se les va la vida”.

Indicaron que en este marco, la Secretaría de Gestión Ambiental pretende llevar adelante una audiencia pública el 12 de marzo, para aprobar 12.000 hectáreas de desmonte en Palma Sola, pero sin que participen las familias campesinas e indígenas que viven en lugar. Además, no se considera la existencia de un amparo ambiental colectivo que exige que se anulen los desmontes por violar la Ley Nacional de Bosques Nativos.

La convocatoria a la audiencia –aseguraron- fue publicada en los diarios locales en el mes de enero; luego en el Boletín Oficial, al que no se tiene acceso libre y gratuito, y de acuerdo a los dichos del responsable de la Dirección de Desarrollo Sustentable, Matías Mori, se envió información también a la radio de Palma Sola, para comunicar a los pobladores.

Tras señalar que la inscripción para participar de la audiencia se realizó única y exclusivamente en la Secretaría de Gestión Ambiental, resaltaron que los vecinos de Palma Sola, interesados en asistir, debían contar con dinero para trasladarse hasta la capital e inscribirse personalmente en el organismo oficial. “Entre campesinos, biólogos, conservacionistas, diputados, militantes de derechos humanos y trabajadores de distintos sectores de la Intersindical de Trabajadores Estatales de Jujuy, se han presentado aproximadamente unas 700 inscripciones, que fueron rechazadas por la Secretaría, alegando no tener los interesados domicilio legal. El tema del domicilio legal, resulta un error importante, ya que en estos casos, no puede prevalecer una cuestión formal, sobre el acceso a un derecho”, explicaron.

“Luego nos enteramos también, que existía una planilla de inscripción para los interesados en participar en la audiencia, que nosotros desconocíamos y nadie nos informó, al momento de presentar los escritos. Nos dijeron, que no la habían ofrecido, porque nosotros, no la habíamos solicitado. Por lo tanto, la participación que debería estar garantizada, quedó escuetamente limitada en 60 inscriptos”, precisaron.

“El espíritu de la audiencia –añadieron- es justamente la participación y conocimiento de los interesados en distintos temas, para poder hablar, opinar, expresar su opinión. Lamentablemente, desde la Secretaría de Gestión Ambiental, lejos de cumplir con esos ideales; utilizan esta herramienta como mero requisito para cumplimentar el desmonte, donde lejos de garantizar la participación, la obstaculizan o impiden. Intentan así, dotar de pretendida legalidad -con esta audiencia- lo que manifiestamente es ilegal”.

La convocatoria a la audiencia pública, se realiza por medio de una resolución de la Secretaría; por lo tanto, de existir voluntad política para resolver este conflicto, solo debería hacerse otra resolución para suspender la audiencia, dados los reclamos de los campesinos y las distintas irregularidades planteadas, destacaron.

Finalmente, las organizaciones desmintieron actos de violencia este lunes, cuando militantes acompañaron a familias campesinas en una manifestación ante la sede de la cartera ambiental para exigir a las autoridades terminen con la política de destrucción del bosque nativo.