Transcurrió un mes del aviso del desalojo a los 70 pacientes del Instituto Modelo “San José”, inmueble que fue vendido al Sindicato de Camioneros. La situación de los pacientes y sus familiares es grave ya que están desesperados por la falta de respuestas.
Asimismo pidió que se promuevan todas las acciones positivas tendientes a garantizar la calidad y eficiencia del servicio que requieren este tipo de pacientes. También recomendó al director del Instituto que ante la inexistencia de convenio prestacional con el ISJ y ante la falta de habilitación correspondiente, deberá prorrogar la fecha de cierre hasta alcanzar un acuerdo con los familiares.
El accionar del Defensor fue en respuesta a la solicitud de los familiares de los pacientes internados en el Instituto Modelo que requirieron mayores precisiones en cuanto al nuevo destino, ya que había un alto grado de incertidumbre, teniendo en cuenta su delicado estado de salud.
La notificación de cierre fue en junio y el desalojo del inmueble se efectivizaría el 15 de julio.
También, el Defensor recomendó al presidente del ISJ que debe dar efectivo cumplimiento a las normativas establecidas a fin de brindar seguridad jurídica a sus afiliados internados en instituciones asistenciales de la provincia que presten servicios de geriatría y las que deberán contar con la correspondiente habilitación expedida por autoridad competente, y deberá suscribir los convenios prestacionales correspondientes que regulen la modalidad de los servicios.
Por otra parte, también recomendó a la Secretaría de Planificación en Políticas y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de Jujuy adopte todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de las normas vigentes a fin de asegurar el debido control, vigilancia y monitoreos de los institutos asistenciales.
La pronta respuesta e investigación del Defensor del Pueblo ante la preocupación de los familiares de los pacientes geriátricos derivó en la resolución.
A manera de conclusión, el Defensor Víctor Galarza reiteró la advertencia y recomendación a los órganos correspondientes que eviten trasladar las consecuencias del problema a los pacientes geriátricos y familiares, ofreciéndole soluciones claras y concretas. Solicitó que se celebren los convenios prestacionales correspondientes, para evitar la situación de inseguridad jurídica en los pacientes.
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