Ante esta situación, los predios donde se asientan parte del edificio municipal, un salón comunitario y la plaza no serán rematados, más allá de que el organismo autárquico continuará con el proceso judicial por deudas fiscales que el municipio que era conducido por Hugo Aranda aun mantiene con el Estado provincial. Será ahora el juez que entiende en la causa quien deberá proveer el pedido de suspensión de subasta y el levantamiento de embargo.

La noticia difundida a través de NORTE por la posible pérdida de bienes de utilidad pública que pertenecen a toda una comunidad causó gran revuelo entre sus ciudadanos. Más, cuando la mayoría desconocía las deudas existentes contra el fisco y muchos acusan al intendente que goza actualmente del uso de una licencia por enfermedad de haberse quedado con dineros públicos.

Así, la ATP pidió ahora una diligencia especial para constatar cada uno de los restantes bienes embargados y poder conocer su utilidad para proceder a rematar los que no están en uso (terrenos fiscales). En esta línea, desde la entidad que conduce Ricardo Ramón Pereyra aseguraron que el remate es una instancia extrema a la que no se quiere llegar, ya que existen planes de financiación sumamente accesibles que le permitirían un ahorro en intereses al municipio.

La deuda

El problema data de casi ocho años a la fecha. Precisamente, nació en enero de 2004, con una deuda de capital judicial de 120.902 pesos (impuestos más el recargo), que tiene un interés por la mora a agosto de 2009 de 40.790,75 pesos. Ese recargo se reduce a una tercera parte si el municipio hubiese ingresado en la moratoria permanente que tiene la ATP y que -según fuentes consultadas por NORTE- fue ofrecida en reiteradas oportunidades a la comuna ubicada a unos 215 kilómetros de Resistencia.

Con una entrega del 10 por ciento de la deuda reducida a la fecha (unos 11.200 pesos) se suspendía la ejecución, porque el capital que es inamovible alcanza los 80.112 pesos. El recargo actualizado en moratoria llegaría a los 31.979 pesos, quedando en moratoria una deuda de 110 mil pesos que el municipio de Pampa del Indio puede cancelar en cinco años, con una entrega del 10 por ciento.

La versión de la ATP

Desde la ATP aseveraron además que en el expediente judicial consta que las cédulas donde se notificaban los embargos y las sentencias las recibió el entonces secretario de Gobierno. Así, aseguraron que el municipio fue notificado varias veces del estado del caso y que antes de llegar a juicio Rentas lo había intimado para no llegar a la ejecución.

Además, indicaron que entre sus archivos existen acuses de recibos por parte del secretario del municipio, Néstor Valenzuela, quien habría recibido y firmado la cédula el pasado 21 de junio de 2011 (esta situación consta a fojas 27 del Expediente 4182/11 que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la décimo octava denominación a cargo de Omar Martínez); mientras que la cédula con la sentencia monitoria la recibió el 19 de mayo Silvio Muñoz. Sin embargo, Omar Tolosa, quien ocupa actualmente el cargo de secretario de Gobierno municipal, aseguró a este diario desconocer el origen y el monto de la deuda.

Más allá de no ser una modalidad usual, NORTE pudo saber que desde la ATP se contactaron en tres oportunidades con el municipio. El 23 de junio, el 2 de agosto y el 26 de octubre pasados hablaron con el intendente Aranda para explicarle la situación y sus posibles salidas. Según el organismo provincial, la respuesta fue siempre la misma: que se iban a acoger a la moratoria, cosa que en la realidad nunca se produjo.

Ante la falta de respuestas del municipio, el caso continuó su curso y se eligieron tres bienes al azar, más allá de que existan otros inmuebles embargados. Es que, según la ATP, no se puede saber el destino de los bienes de utilidad pública, porque no están asentados en los folios reales, que vendrían a ser como una especie de DNI de los inmuebles. Así, no se puede saber si se trata de una plaza, de un hospital o una escuela. La única forma de saber es cuando el martillero hace una constatación in situ, cuya diligencia judicial consiste en observar quién vive y qué uso se le da a esos bienes.

En este caso, fueron y detectaron que los bienes estaban destinados a la utilidad pública, por lo que no se puede continuar con el remate ya que no se puede subastar este tipo de bienes, porque así lo consagra la Constitución Provincial.

“Se agotaron todas las instancias”

Por este motivo, la ATP asegura haber actuado “con total prolijidad, y se agotaron todas las instancias para evitar esta situación de subasta”. Ahora que se detectó esta realidad, el organismo solicitó la suspensión de la subasta de los bienes y que se levante el embargo que pesa sobre la plaza, el municipio y salón municipal, continuando con la ejecución sobre los restantes bienes inmuebles embargados, si es que el municipio no se acoge a una moratoria.

Finalmente, insistieron en que hicieron todo lo posible para conseguir que el municipio se acerque a regularizar esta situación, pero “nunca llegaron hasta la ATP”. “En realidad se ejecuta para evitar la prescripción de la causa. Cuando el municipio no se acerca, pasan los años y va a prescribir la deuda, lo que significa un problema para el fisco porque es dinero público, ahí se hace la ejecución para interrumpir la prescripción. Es una obligación legal del organismo provincial accionar contra los deudores que no se acerquen a pagar”, concluyeron.