La causa que investiga la desaparición de Soledad Olivera (31), en Tres de Mayo, Lavalle, comenzó a transitar sus últimos pasos de instrucción. Es que en las últimas horas, la Cámara de Apelaciones negó el pedido de la defensa del acusado, Mariano Luque (30), que se oponía al pedido de prisión preventiva, y de esta forma, ratificó lo dispuesto por el fiscal.

Ante esto, el sospecho, actualmente imputado por “privación ilegítima de la libertad”, seguirá preso hasta la realización del juicio.

En ese sentido, fuentes cercanas al fiscal Santiago Garay indicaron que el magistrado ya comenzó a reunir todas las pruebas para pedir, en las próximas semanas, la elevación a juicio de la causa.

Garay había solicitado en setiembre del 2013 la preventiva, pero la abogada de Luque, María del Carmen Aguilar se negó. Y a pesar de que el Juzgado de Garantías le dio la razón al fiscal, la letrada apeló este fallo, por lo que fue la Cámara quien tuvo que decidir.

Antes, los mismos tribunales también habían fallado a favor del magistrado cuando la abogada pidió la liberación de Mariano Luque.

Entonces, todas estas sentencias juegan a favor de Garay, quien ahora encaminará la causa a una Cámara Penal, donde Luque será juzgado en un juicio oral y público.

Johana redimensionar

Las pruebas en contra del acusado son muchas. El hombre mantuvo una relación con Olivera, y una vez separados, la mujer habría recibido amenazas por parte de Luque.

Esto se pudo corroborar a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas que encontró la Justicia durante la investigación del caso. En tanto que algunos testigos ratificaron estas amenazas y, además, dijeron que Luque fue la última persona en ver con vida a Soledad.

Qué pena arriesga

Como la víctima del hecho nunca fue encontrada, Garay no tiene otra que calificar el caso como “privación ilegítima de la libertad”, aunque la hipótesis de la Justicia es que Soledad Olivera fue atacada y asesinada, posiblemente, por este sujeto.

Ante esto, Luque será juzgado por los artículos 141, 142 y 142 bis. Ahora bien, será tarea del fiscal de turno, y de los jueces entender en qué delito incurrió el sospechoso.

Es que las penas por la privación de la libertad son variadas. La figura básica establece una pena de 6 meses a 3 años, aunque la misma se puede agravar hasta 25 años si, por ejemplo, el hecho causare en la víctima lesiones graves o gravísimas, o fuera cometido por el cónyugue o conviviente.

El hecho

Soledad Olivera desapareció en noviembre del 2011, y el caso comenzó a ser investigado por el fiscal de instrucción Darío Nora. Sin embargo, este magistrado decidió luego archivar la causa. Esta decisión le costó luego al fiscal un pedido de Jury, aunque meses atrás el máximo tribunal desistió de eso.

Lo cierto es que el caso volvió a salir a la luz con la desaparición de Johana Chacón, la menor de 13 años que aún no es encontrada –este martes se cumplen 17 meses- y que también vivía en Tres de Mayo, Lavalle.

Para la Justicia, ambos casos tienen conexión entre si, pues Mariano Luque vivía en la casa del cuidador de Johana, Luis Curallanca, quien por estas horas es el principal sospechoso en la causa de la adolescente.

Luque fue capturado e imputado en agosto del 2013. Desde allí Garay inició una larga investigación que ahora, con la decisión de la Cámara, comenzó a transitar sus últimos pasos y que tendrá su capítulo final, en un estrado donde se le podría aplicar al sospechoso, una dura pena.