Después del escándalo Niembro, el gobierno porteño quedó expuesto por la muerte de un niño en Villa Soldati al caer del balcón de un complejo habitacional, propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), sobre el que pesaban una ley y dos resoluciones judiciales en favor de que se tomaran medidas de recuperación edilicia.

El complejo Habitacional Soldati, ubicado en Mariano Acosta y Rodrigo de Triana, volvió a impactar de lleno en la gestión del PRO, en una manera similar a lo que ocurrió con la muerte de dos niños en un taller clandestino. En esta oportunidad, tres niños cayeron del sexto piso de una escalera desvencijada, murió uno de ellos y los otros dos están graves.

Ante el hecho, los legisladores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de pedidos de informes a última hora de ayer. Lo hizo la camporista Paula Penacca, con las firmas de respaldo de sus colegas Gabriela Alegre, Jorge “Quito” Aragón, y Fernando Muñoz.

En el documento, se da cuenta de los documentos que dejan mal parado a la Jefatura de Gobierno porteño. En 2001 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulga la Ley Nº 623 por la cual se declara la emergencia edilicia y ambiental del Complejo Habitacional Soldati por un plazo de 365 días, siendo prorrogada por 365 días más por la Ley Nº 831 del 16/08/2002, una problemática que, de todas maneras, no se exploró en los últimos años.

Se trata de una ley que no llegó a implementarse, pero abrió la puerta de auxilio de distintas vecinos que con el apoyo de organizaciones sociales exigieron una rápida respuesta, frente a la problemática habitacional y la situación de deterioro. El complejo Habitacional en cuestión fue habilitado en 1979 y construido en un predio de 19 hectáreas y –de acuerdo a los datos del bloque K– “consta de 3201 viviendas y alberga una población de más de 20.000 habitantes”.

En la causa “Andicoechea, María Eugenia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo”, dos vecinas de la zona concurrieron a la Justicia mediante un amparo para que el Gobierno de la Ciudad y el IVC “cesaran en su omisión de realizar las obras incluidas en la propuesta elaborada por la Comisión Técnica creada por ley 623 en lo referente a los edificios en que habitan – Edificio 14 (ex 8 A), Nudo 10 y Edificio 18 (ex 13), Nudo 10 del barrio de Soldati”.

Lograron que en primera instancia el juez subrogante del Tribunal Contencioso y Administrativo N° 6, Hugo Ricardo Zuleta ordenara en 2011 el “estricto cumplimiento” de “la totalidad de las obras detalladas del Acta reunión Comisión Técnica-Propuesta de Solución para el conjunto urbano Soldati ley nº 623 en relación a los edificios en que habitan las actoras” y, le pidió entre otras cosas, “elaborar un cronograma especificando el comienzo de las mismas y la fecha estimativa de su finalización”.

La gestión PRO no se quedó en el lugar y apeló la sentencia. La sala 3 de la Cámara de Apelaciones Contenciosa y Administrativa ratificó la primera instancia. “Cabe insistir en que se trata de obras comprometidas hace más de una década y que los argumentos de la demandada no permiten advertir cuáles serían las razones que le impiden cumplir obligaciones legalmente impuestas”, apuntaron en el fallo.

Para Penacca, la existencia del fallo en doble instancia “pone al desnudo que el GCBA conocía desde hace mucho tiempo la situación vergonzante del estado deplorable del complejo habitacional”. La situación amenaza con socavar parte del discurso. La jueza Patricia López Vergara que tomó las primeras medidas le dio plazo hasta el miércoles para responder por el incumplimiento del fallo en segunda instancia. Aún así, el caso lo tomó ahora la Fiscalía de Instrucción Criminal nº1.