Aseguró el edil radical Eduardo Abud, en la Comisión de Educación que durante el tratamiento de la denuncia realizada el año pasado por la capacitadora Alejandra López, quien impartía clases de porristas y expresión corporal en la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia.
Cabe traer a colación que la profesora Alejandra López, además de acusar al presidente de dicha entidad. Sr Rubén Calomarde, de haberle infligido maltrato, lo había denunciado por el cobro indebido de las actividades inherentes al programa Educativo Barrial, que se promociona como gratuito desde la Secretaría de Educación Municipal, y por no permitir la participación a los socios en las asambleas.
Inclusive había formulado una denuncia penal, en la que relataba “que había tenido una discusión con el presidente de la entidad vecinal y su esposa, en presencia de las alumnas de patín como testigos circunstanciales, a raíz de que el Señor Rubén Calomarde le habría pedido una cifra de $150 para poder brindar las clases de gimnasia, enmarcadas en el Plan PEBA, que desde la Municipalidad se brinda a los barrios en forma gratuita. Y que luego notificó de lo sucedido a la Coordinadora de dicho Programa, Sra. Griselda de Francisco, a quien los alumnos y padres de las clases porristas y expresión corporal, que impartía la denunciante, también se dirigen por nota solicitándole no solo un nuevo espacio para realizar estas actividades, sino que, además de manifestar disconformidad en abonar una cuota, alegan haber vivido diferentes situaciones de maltrato psicofísico en la entidad vecinal”.
La Secretaría de Educación ratificó un informe elevado por el Director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Fernández, quien presidió dicha entidad vecinal antes de asumir como funcionario, donde se reporta que al tomarse conocimiento de la situación planteada por la capacitadora, ambos funcionarios reunieron con las partes. Según relató la Lic. Rodríguez Sammartino, “tras escuchar las distintas posiciones se dio por finalizada la situación conflictiva, sin perjuicio del derecho que les asiste a formular la denuncia que crean pertinente en los estrados judiciales, resolviéndose cerrar el curso en cuestión”.
Advirtiendo simultáneamente, al titular de la entidad vecinal que de tomar conocimiento de que el hecho denunciado se replicaba en los restantes cursos, la entidad sería pasible de sanciones.
No satisfecho con la respuesta, el concejal Abud, en el marco de uno de los ya clásicos cruces, que suele coprotagonizar con la secretaria municipal, además de asegurar que le constaba que los cursos “se siguieron y se siguen cobrando”, adelantó que, en tal sentido, formalizaría una denuncia.

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