La Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista llamó a “no ser cómplices de lo peor, más aberrante”: reclamó la destitución del juez Carlos Flores para evitar el “retrógrado mensaje” de que la violencia contra las mujeres “en La Pampa goza de impunidad”.

El Socialismo marca así diferencias con la mayoría de diputados radicales que prefieren salvar al magistrado tomando en cuenta su “calidad humana y profesional”. Un adelanto en ese sentido ya había hecho el diputado Luis Solana, en el marco del jury que se hace tras la muerte de Carla Figueroa.

Los socialistas entendieron “necesario emitir nuestra opinión” sobre lo que significará el fallo.

“Rescatamos en este análisis la trayectoria de las militantes socialistas que a lo largo de la historia en Argentina han luchado para terminar con la violencia, las injusticias y desigualdades sufridas por las mujeres”, dijeron.

El documento, con las firmas de Carlos Rolero y Adrián Peppino, considera que “estamos frente a una oportunidad bisagra: ser coherentes con las políticas de género que desde el FrePam se instalaron en la gestión capitalina, el movimiento de mujeres y con la militancia comprometida de sectores justicialistas, con una justicia con perspectiva de género, con abogados defensores de los derechos humanos o ser cómplices del peor, más aberrante y retrógrado mensaje: las violaciones sexuales, los hechos de violencia contra las mujeres en La Pampa gozan de impunidad”.

“Los actos tienen consecuencias y responsables. Antes un juez, ahora los integrantes del Jury”, advirtieron los socialistas. El documento incluye varias citas del juez federal Carlos Rozanski y de la diputada nacional Marcela Rodriguez.

Indica que “tan previsible era la reiteración de hechos de violencia del actual homicida, que Flores delegó ‘la implementación de controles asistenciales y psicológicos tendientes a evitar la producción de nuevos hechos de violencia de género’. El juez era garante de la prevención y protección ante estos hechos de violencia contra Carla, pero no le brindó una asistencia adecuada. Tampoco indicó ni supervisó siquiera estas medidas, pese a que pudo anticipar el riesgo”.

Rozanski dijo que “no puede haber mayor ofensa a la condición humana que aquella muerte que pudo evitarse con un poco de sensibilidad. No hablamos de brillantez o entrega extrema, sino de un mínimo de humanidad para leer lo que hay que leer, ver lo que hay que ver y decidir lo que hay que decidir. Y cuando eso no sucede, una joven como Carla, violada de niña, casada con su violador un año después y asesinada por el mismo ex convicto, con la bendición de dos jueces, vuelve a recordarnos nuestras propias miserias”.

La diputada Rodríguez consideró que “los jueces Flores y Jensen violaron tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará. El Estado, aquí representado por estos jueces, tenía el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos de violencia contra las mujeres. Este deber, como afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta reforzado en estos casos”.