Tras el sobreseimiento del ex presidente por los cinco homicidios y cientos de heridos de la represión de diciembre de 2001, la querella de familiares recurrirá a la Corte Suprema. "Vamos a ir para que responda como responsable", dijo la viuda de Gastón Riva, uno de los cinco muertos en las inmediaciones de Plaza de Mayo.
Tal como adelantaron, la querella de familiares de las víctimas recurrirá a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara de Casación que dejó firme hoy el sobreseimiento al ex presidente Fernando de la Rúa en la causa por cinco homicidios y cientos de heridos de la represión de diciembre de 2001.
Según confirmó Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa en la causa a las familias de Riva y Diego Lamagna, los familiares de las víctimas presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema.
"La sentencia (de la Casación) pone a De la Rúa en un lugar de observador, ajeno a los hechos de ese día (20 de diciembre), y ratifica la legalidad del estado de sitio dictado al margen del Congreso Nacional", señaló Borda.
En el mismo sentido se pronunció Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, también asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001 en el área próxima a la Casa Rosada. "Pienso que los abogados van a recurrir", dijo Pinedo y agregó: "Así pasan los años. Ya pasaron 11 años".
La querella había cuestionado en la causa la forma en que fue decretado el estado de sitio, sin pasar por el Congreso Nacional, y también la forma en que se implementó, como si implicara un cheque en blanco para la represión policial. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó en su fallo ambos cuestionamientos.
"Nos parece que el estado de sitio fue dictado (por De la Rúa) al margen de lo que establece la Constitución Nacional", pese a tratarse de una decisión de gran importancia y gravedad "como es suspender los derechos de todos los ciudadanos", subrayó Borda.
Al obviar las reglas constitucionales respecto del estado de sitio, este fallo de la Casación "fija un estándar peligrosísimo", porque "implica supeditar los derechos de las personas a decisiones arbitrarias de los gobernantes de turno", agregó.
En cuanto a la forma en que se implementó el estado de sitio, Borda rechazó el criterio de la Cámara, que "usó un estándar de procedimiento de rutina", cuando su dictado otorga al Presidente "mayor poder pero también mayor responsabilidad".
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