El actual subsecretario de Gobierno, Adrián Alveolite, se vio involucrado en una causa judicial al ser denunciado junto a dos agentes municipales por una supuesta clausura irregular de un comercio ubicado en la zona de Güemes. Al ser requerida la elevación a juicio, la Justicia de Garantías analizó el caso y decidió desestimar la denuncia y sobreseer tanto a Alveolite como a los Mónica Bargas y Gustavo Tonello en la causa por abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público.

No obstante, en su resolución, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos advirtió que las circunstancias “dejan en claro serias falencias en las dependencias municipales” y remarcó que éstas “merecen una profunda investigación interna”. Asimismo, la magistrada sostuvo que la dueña del comercio, Carolina Beratz, contaría con “sólidos fundamentos” para efectuar un reclamo resarcitorio contra el Municipio, “por los perjuicios que le ocasionó la desprolija actuación de sus distintas áreas”.

El hecho se originó en julio de 2013, cuando dos agentes municipales procedieron a la clausura de un local de indumentaria ubicado en Garay y Alvear. Durante la inspección, se constataron irregularidades vinculadas a la habilitación del comercio, pero la dueña de la propiedad –que alquilaba un sector a Beratz- acudió a la Justicia al asegurar que se habían fraguado instrumentos públicos y los agentes se habían extralimitado en sus funciones. 

El trasfondo del asunto es una denuncia previa de dos hermanas que aseguraron ser las propietarias de la vivienda y víctimas de una usurpación, lo que lleva al Municipio a encarar la inspección. La hipótesis de la fiscalía de Delitos Económicos era que los empleados municipales habían tenido la intención deliberada de clausurar el local y que al no encontrar las pruebas necesarias, las falsearon en las actas derivadas a la Justicia de Faltas.

Sin embargo, la jueza de Garantías no lo entendió de esta manera y en su resolución recalcó que la decisión de clausurar “recién se adoptó en el marco del procedimiento, y con base en las deficiencias encontradas en el local comercial”.

Según argumentó Bustos, los agentes “actuaron en el convencimiento de que la clausura dispuesta respecto del local ‘Carolina’ era acorde a la ley”.  

IRREGULARIDADES

En el legajo correspondiente al local comercial, los inspectores notaron que la declaración jurada estaba incompleta, mientras que figuraba el vencimiento de la habilitación inmediata en el 2010.

Al inspeccionar el local, observaron  además que la oblea de habilitación estaba firmada por un técnico 2, es decir una persona con menor rango jerárquico y no autorizada para convalidar este tipo de trámite.

“No es extraño que estas dos irregularidades hayan generado una sospecha en los inspectores como para disponer la clausura, contando la titular del comercio con la posibilidad de recurrir al Juzgado de Faltas a los fines de su levantamiento”, señaló la jueza.   or otra parte, en base a testimonios de agentes municipales con antigüedades distintas dentro de la Municipalidad, la magistrada determinó que existe una “disparidad de criterios” al momento de realizar los procedimientos, por lo que esto mismo “impide sostener el abuso de autoridad atribuido a los imputados por haber hecho más de los que otros hacen”.

“Con criterio inverso, podría sostenerse que los que aquellos que hacen menos están incurriendo en un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, añadió. 

En tanto, Bustos remarcó que “es probable que el especial recelo y estrictez con los que actuaron Vargas y Tonello, requiriendo el legajo cuando no todos los inspectores lo hacen, haya estado motivado por la denuncia previa efectuada por las Sras. Joaquín, (Liliana y Silvia, por usurpación) que hacía hincapié en una habilitación irregular por parte de un sector de la Municipalidad”. 

En esta línea, la jueza resaltó que “ello no implica que su actuación haya sido irregular, sino que quizás debería ser la común en todos los casos”.

“Es innegable que se constataron irregularidades tanto en la declaración jurada como en la oblea de habilitación, que dejan en claro serias falencias en las dependencias municipales y que merecen una profunda investigación interna”, sentenció luego.

Por último, Bustos hizo referencia a una supuesta mala actitud de los agentes al momento de proceder a la clausura y señaló que la misma “no torna abusiva su conducta si consideraban que la oblea que se les exhibía era nula por no estar firmada por alguien habilitado para hacerlo”.

“En todo caso, contará la Sra. Beratz con sólidos fundamentos para efectuar un reclamo resarcitorio contra el Municipio local, por los perjuicios que le ocasionó la desprolija actuación de sus distintas áreas”, enfatizó.

Con estos argumentos, la Justicia de Garantías resolvió el sobreseimiento de Alveolite y los otros dos involucrados, por lo que se descarta la posibilidad de que enfrente un juicio oral.