El fiscal Garay amplió la acusación a Cazabán, Mátar y dos ex funcionarios. Cinco casos más.
El fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay ha encontrado cinco casos más en los que habría elementos para acusarlos de haber contratado servicios a un precio mucho más elevado de lo que se paga en el mercado.
Dos de los investigados se presentaron ante el fiscal Garay: Gustavo Mátar y Ricardo Funez; Alejandro Cazabán simplemente se ausentó y Pablo Catania se excusó de asistir con un certificado médico. De acuerdo al avoque firmado por Garay, a los cuatro se los imputa por "Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
En el caso de Cazabán, el fiscal le agrega otra figura penal: "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", prevista en el artículo 249 del Código.
El fiscal Garay investiga el gasto de recursos del Estado en la contratación de servicios de comunicación, como filmaciones y fotografías para comerciales e informes de prensa oficiales, edición de video, alquileres de equipos.
En todos los casos el prestador de los servicios investigados es el fotógrafo sanrafaelino Mátar y los que habrían intervenido en la contratación desde el Estado son los ex directores de comunicación pública Catania y Funez, quienes dependían de Cazabán, el entonces secretario general de la Gobernación.
La causa es un dolor de cabeza para el PJ, puesto que las pistas hasta ahora apuntan al hombre fuerte de la gestión Jaque. Incluso más, la investigación hace ruido porque la esposa de Mátar, Evangelina Godoy, es diputada provincial del PJ y su referente político interno es Cazabán.
Al punto hace ruido la causa que el fotógrafo devenido en empresario incluso llegó a hacer una oferta para comprar el canal 6 de San Rafael (propiedad del grupo Vila-Manzano). De hecho, unos días antes de que Garay allanara sus oficinas, Mátar ya estaba a cargo del canal. Unos días después de conocerse la imputación de Mátar en esta causa, la operación se cayó.
La causa nació de una denuncia presentada en octubre de 2011 por los diputados radicales Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas. Mátar había cobrado en poco más de dos años alrededor de 30 millones de pesos.
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