Los imputados en la causa que investiga el pago de sobreprecios por trabajos de publicidad y prensa para el Gobierno tienen cinco días para oponerse al pedido de elevación a juicio hecho por el fiscal de delitos complejos Santiago Garay y si bien piensan presentar por separado su postura, muestran coincidencias tanto en los argumentos que entregarán oportunamente al Juzgado de Garantías, como en la solicitud de "nulidad del requerimiento" que acompañarán.

Así lo confirmaron tres de los cuatro acusados de este caso, a quienes se les imputa haber tenido distintos grados de participación en trece contrataciones por servicios comunicacionales en los que el Estado provincial tuvo que pagar precios superiores a los que el mercado establecía en ese tiempo, según las pruebas recogidas por el fiscal.

Tanto el ex secretario general de la Gobernación de Celso Jaque, Alejandro Cazabán, como el empresario Gustavo Mátar y el ex director de Comunicación de ese gobierno, Ricardo Fúnez, llevarán a la Justicia una oposición en la que no sólo declararán su inocencia del delito de "defraudación por administración fraudulenta", sino que intentarán ligar a Garay con una actitud subjetiva, arbitraria, escasa de pruebas y hasta viciada de intenciones políticas. El cuarto imputado es Pablo Catania, que no pudo ser contactado ayer.

"Pedir que la causa se eleve a juicio es una acción súper arbitraria", señaló el ex fotógrafo Mátar sobre la decisión de Garay y le endilgó tener "argumentos endebles" para avanzar en ese sentido, ya que a su entender no existió criterio adecuado para medir valores. "¿Cómo se determina un sobreprecio pidiendo presupuestos extemporáneos de otros proveedores?", se quejó Mátar en relación al hecho de que el fiscal haya solicitado precios a otros técnicos que, incluso, desde su visión, "no están a la altura" de la prestación de un servicio como el que él presta con sus equipos.

Además, Mátar dijo que Garay "no tuvo en cuenta las pruebas" que él aportó, y aseguró que junto a su abogado, Juan Day, pedirán "la nulidad de la solicitud", porque la argumentación de Garay "es prácticamente una copia" de la acusación que lo imputó.

La nulidad también será planteada por la defensa de Ricardo Fúnez, catalogado como contratante en 12 de los 13 contratos cerrados con Mátar.

Fúnez prefirió no opinar (actualmente sigue siendo funcionario del Gobierno, aunque ahora en el Ministerio de Seguridad), por lo que fue su abogado, Pablo Cazabán (hermano de Alejandro), quien confirmó que interpondrán la nulidad del pedido de elevación a juicio, porque "no hay motivación" para tal avance.

Pero, además, el letrado envió duros dardos a Garay, a quien calificó de ser "uno de los peores fiscales" del medio, por haber emitido una resolución "que no analiza las pruebas, ni siquiera las de descargo". En tal sentido, desde su visión, el fiscal tiene animosidad "personal" contra los imputados.

Ésa es también la percepción de Alejandro Cazabán, que ratificó su inocencia y consideró que tanto la imputación como el pedido del juicio carecen de fundamentos. "En ninguno de los expedientes que él ha investigado tengo participación", destacó el también abogado, quejándose porque, al igual que en los otros casos "el fiscal no admitió las pruebas" que le hizo llegar.

También al igual que Mátar se quejó de los testigos que Garay citó para abordar la causa. "Todos están vinculados al dueño de Canal 9" (Sigifredo Alonso), señaló, relacionando así a ese empresario con el caso, aunque sin explicar el por qué de su recelo.

En lo que sí avanzó quien fuera el hombre fuerte de la gestión Jaque, fue en su afirmación de inocencia. "Jamás participé en el establecimiento de un precio con los proveedores", resaltó, pero de todos modos justificó la "decisión política" de contratar el servicio "que mejor haga el trabajo que se le pide".