Las disposiciones se cumplieron de manera irregular durante la mañana. En el Padilla, el acceso sobre calle Alberdi permaneció abierto y custodiado por tres policías. En tanto, en el Centro de Salud la puerta estuvo abierta pero el tránsito, interrumpido por muebles y pancartas. Y en el de Niños, el acceso estuvo clausurado con cadenas y alambres.

"Si mañana (por hoy) sigue la Policía, no entraremos al hospital", afirmó el delegado del Padilla Jorge Ramacciotti. El médico detalló que cuando llegaron al edificio los agentes ya estaban custodiando el ingreso. Los autoconvocados mantenían una carpa que bloqueaba la puerta hasta el mediodía.

En el hospital de Niños, durante las primeras horas del día la Policía intentó cumplir en varias oportunidades con la disposición judicial pero los autoconvocados, en asamblea, definieron que el acceso siga bloqueado. "La decisión no responde sólo a la medida de fuerza, sino a una cuestión de seguridad porque lo que pasó el 8 y 9 de julio nos pone en un estado de indefensión. Tomamos nuestros resguardos", justificó Estela di Cola.

En el Centro de Salud, si bien se mantenían los acampes en el pasillo principal, frente a la dirección y la administración, los carteles y pintadas habían desaparecido durante el fin de semana. A medida que fue pasando la mañana, volvieron a aparecer consignas escritas con aerosol. La asamblea ratificó que se mantendrán los accesos cerrados, a excepción de la guardia. "Los familiares y pacientes pueden entrar por la guardia, es libre el acceso por allí", manifestó la enfermera Francisca Cruz. Por su parte, el médico Jesús Amenábar consignó que el hospital estuvo "copado por policías" y detalló que continuarán rechazando el operativo. Además, denunció: "el Gobierno está repartiendo bolsones entre trabajadores de la salud, para que abandonen el movimiento. Ofrecen extensiones horarias por $ 1.200".

El Gobierno, en tanto, volvió a instar al diálogo al sector. "Es grave lo qué está sucediendo, denunciamos que se están cometiendo ilícitos penales". Con estas palabras Conrado Mosqueira, secretario general administrativo del Siprosa, resumió la postura oficial respecto de las medidas de fuerza.

El funcionario explicó que ya se efectuaron tres denuncias penales por el cierre de los accesos de los hospitales (dos de ellas están unificadas en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar y la tercera, en las de Carlos Albaca, fiscal de feria).

Las primeras son las que ordenaron a las fuerzas de seguridad que garantizaran el acceso y el tránsito por los pasillos de los hospitales Centro de Salud, de Niños y Padilla. Mientras que la segunda, fechada el 20 de julio, refiere sólo a la primera institución mencionada. "Mañana a primera hora se reiterará el pedido porque hoy hubo un nuevo bloqueo a la entrada de los directivos en el Centro de Salud. Se reclamará que se cumpla la nueva orden judicial", precisó.

Afirmó que sólo se hará la presentación en relación a ese nosocomio dado que, según la información con la que dispone, en el resto de las instituciones no hubo inconvenientes. Mosqueira aseveró que desde el Siprosa jamás se denunció ni se trató de impedir ningún tipo de asamblea del sector. "El problema es cuando deriva en un bloqueo de quirófano, por ejemplo. La atención sanitaria es un servicio esencial y está prohibida su paralización. Hay una ley nacional que impide que los gremios y no gremios, porque ellos (los autoconvocados) no lo son, lo hagan", argumentó.