El proyecto de ley de reforma laboral, conocida como "ley El Khomri" por el apellido de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, desató ya más de dos meses de huelgas y protestas por momentos masivas y violentas que pusieron en jaque la provisión de combustible e incluso el suministro eléctrico de millones de ciudadanos.

La reforma contempla la primacía de la negociación directa entre empresario y trabajador, por encima del código de trabajo y los convenios colectivos; establece un techo en las indemnizaciones por despido improcedente y establece las condiciones que justificarían el despido económico.

El gobierno socialista del presidente Francois Hollande afirma que la ley es necesaria para contener un desempleo que se mantiene en un 10% de promedio pero que crece al 24% en los menores de 25 años, al dar más flexibilidad a un mercado laboral sumamente rígido como el francés.

Los sindicatos, apoyados por los estudiantes, dicen que se trata de una ley neoliberal que retrotrae la situación laboral del país al siglo XIX, ya que busca esencialmente abaratar y facilitar el despido y echa por la borda conquistas sociales cuya consecución tomó décadas de lucha en las calles.

Este lunes, las autoridades informaron de una mejora en la provisión de combustible, con menos estaciones de servicio con tanques vacíos respecto de la semana pasada, cuando casi un tercio de ellas sufrió faltantes o carencia total de algún tipo de carburante.

Sin embargo, este lunes siguieron las huelgas en el sector petrolero, con cuatro de las ocho refinerías francesas completamente paradas y dos más funcionando a medias, y una prolongación del paro en la terminal petrolera del puerto de Le Havre, a la que el Ejecutivo ha impuesto unos servicios mínimos.

Esa terminal gestionada por la Compañía Industrial y Marítima es una infraestructura clave por la que entra el 40 % del petróleo bruto a Francia y desde la que se suministran tres refinerías y se distribuye por oleoducto el querosén para los dos aeropuertos de París: el Charles de Gaulle y el Orly.

Sin embargo, los sindicatos aumentaron este lunes el menú de potenciales trastornos para los ciudadanos cuando decenas de manifestantes levantaron un piquete con gomas humeantes en torno a la planta de residuos más grande del país y de Europa.

Baptiste Talbot, responsable en la CGT para servicios públicos, indicó que nada entraba ni salía del complejo de Ivry sur Seine, donde se encuentras la planta, al tiempo que su sindicato lanzó un llamado para paralizar la recogida y el tratamiento de basuras, informó la agencia de noticias EFE.

Aunque esta semana no hay manifestaciones, que se reservan para el 14 de junio una vez que el proyecto de ley llegue al Senado para su tramitación, desde el martes por la tarde la huelga llegará a los ferrocarriles, con una convocatoria prorrogable día a día.

Desde el próximo jueves se sumarán los puertos y los transportes metropolitanos de París con un paro indefinido en el que, como en los trenes, las reivindicaciones específicas a la empresa se suman a las de la reforma laboral.

La situación corre el riesgo de empeorar el viernes, con la primera de tres jornadas consecutivas de paro convocado por todos los sindicatos de los controladores aéreos, que pretenden así aprovechar la coyuntura general para presionar en la negociación del convenio colectivo.

"Retirar el texto sería malo para los asalariados. Mi puerta está siempre abierta, siempre estoy dispuesto a hablar" pero "considero que es mi responsabilidad ir hasta el final", declaró el primer ministro francés, Manuel Valls, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien, antes de reunirse con representantes del sector petrolero.

Tras ese encuentro, el Ejecutivo diagnosticó una mejoría en la persistente crisis de abastecimiento de combustible y garantizó el suministro de petróleo, después de una semana con largas esperas en las estaciones de servicio ante la escasez provocada por el bloqueo de depósitos y refinerías por huelguistas.

Esa reunión supuso también un nuevo gesto de firmeza del gobierno, que ha cerrado filas en torno al proyecto de ley y promete aguantar el desafío sindical durante el mes que queda para su ratificación definitiva en la Asamblea Nacional.

La reforma es apoyada por la patronal francesa e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero es rechazada, además de por los sindicatos y estudiantes, por el ala más a la izquierda del Partido Socialista (PS) de Hollande y Valls.

La popularidad de Valls se sitúa en el 24 %, su nivel más bajo desde que tomó las riendas del gobierno en marzo de 2014 tras una sangría de 15 puntos de aprobación desde el pasado enero y 6 sólo en el mes de abril.

Pero también se sufre la imagen de Philippe Martinez, el líder de la CGT: el 67 % de los franceses tiene una opinión negativa de él, el 63 % de la CGT y el 58 % no confía en la dura estrategia de contestación adoptada por la CGT.

A dos semanas de que empiece la Eurocopa de Francia, las protestas de esta semana serán el preludio de una nueva jornada de movilización general en las calles programada para el 14 de junio, cuando el país esté sumergido en el interés mediático internacional del torneo de fútbol.