El Sindicato rechazó la intimación del intendente y pidió que se abstenga de suspender el sistema de descuentos. Presentó la documentación requerida: llevaron 6.000 fojas en fotocopias autenticadas por José Stuppia.
El Sindicato de Trabajadores Municipales brindó una conferencia para dar a conocer el desarrollo de los hechos en la mañana de este viernes, cuando finalizó el plazo de 72 horas en el que el Ejecutivo intimó a la organización a presentar la documentación correspondiente al sistema de débito a través de sueldo de los trabajadores municipales. El sindicato presentó la documentación requerida, en unas 6.000 fotocopias, que el Ejecutivo rechazó argumentando que espera la entrega de originales.
El secretario general del sindicato, José Stuppia, encabezó la conferencia junto al secretario de finanzas, Marcelo Díaz, y el representante legal, Claudio Díaz. Indicó a lo largo de la charla, que buscaba informar a los afiliados y agentes municipales de lo sucedido, “que se haga lectura como corresponde”, y “darle la seguridad y la confianza a los empleados municipales de que cumplimos en tiempo récord”.
Stuppia relató que se presentó la documentación requerida - facturas conformadas, consentimientos informados de los afiliados, información de los proveedores, libramientos bancarios- desde el 1º de enero al 31 de julio, “lo cual si uno tiene una administración ordenada puede tardar 10 o 15 días, pero acá en este sindicato, más allá de cuentas ordenadas, hay administración de excelencia. Debido a que hay administración de excelencia y personal administrativo de excelencia, pudimos cumplimentar todos los requerimientos que disponía la carta documento”, afirmó.
Indicó, “concurrimos al Palacio San Martín a llevar 6000 fojas de documentación para presentar en la mesa de entrada de la oficina de Personal, concurrimos con una escribana y el doctor (Claudio) Díaz. Cuando llegamos a la Dirección de Personal fuimos atendidos de una forma excelente, hicimos entrega, firmamos, la escribana realizó el acta y nos retiramos. Pasado un tiempo, aparentemente desde la oficina de (Asuntos) Legales les sorprendió que nosotros presentáramos la documentación que habían solicitado. Porque cuando fuimos no estaban preparados, cuando nos fuimos hubo un movimiento para darle lectura a la información que habíamos preparado y evidentemente no han sabido cómo manejarse”, estimó el dirigente.
Explicó, “fue devuelta la documentación y aducen que no están los originales. Los originales los tenemos nosotros en este sindicato, para el trabajo diario y para presentarlo a los distintos comercios con que trabajamos. Pero me parece que desconocen que toda documentación que sale del sindicato con mi firma queda autenticada, quedan como originales. Así lo prevé la Ley 23.551 dice que toda documentación firmada por el secretario general queda autenticado. Exigen el original y no se dan cuenta que está mi firma. Aparentemente, por un pequeño desconocimiento, ellos devolvieron todo el material administrativo que habíamos llevado”. Y agregó, “nos trajeron el material, lo enviaron con Policía de la Provincia”.
Ante esta situación, Stuppia sostuvo, “tenemos la mejor intención, si necesitan nuestra ayuda para relevar esta información administrativa, lo haremos. O que se vengan ellos al sindicato, se instalen y hagan una auditoría, porque este es un sindicato de puertas abiertas. No solamente está abierto para ellos, sino para todos los afiliados que quieran saber cómo está el sindicato”.
Claudio Díaz consideró, “el sindicato no puede desvestirse de la documentación original que, no es que tiene en depósito acá, la tiene en uso corriente”. Y agregó que la carta documento del intendente fue contestada –además de con la documentación presentada- “la rechazamos pidiendo que se abstenga a futuro de suspender los códigos de descuento”. Más adelante señaló, “(al intendente) lo hacemos responsable ante proveedores, afiliados y entidad gremial si procede a la suspensión. Lo entendemos como un abuso de autoridad tipo penal previsto en el artículo 248 del Código Penal, si procede de esa manera iremos a la vía judicial”.
Stuppia, por su lado, analizó, “está perjudicado el comerciante de Olavarría, el contribuyente. Me parece que tenemos que ser más prudentes, estar dotados de lucidez. No puede ser que nos agarren unos caprichos y poner en aprieto o en crack económico a comercios e instituciones serias. Si le parece que hicimos algo mal, debe ser que le conseguimos aumento a los trabajadores”.
El abogado del sindicato lanzó otra posibilidad ante el requerimiento de la documentación por parte del Ejecutivo, “de acuerdo a los convenios firmados, el intendente tiene facultades inspectivas, todo el año pueden venir a requerir acá lo que quieran porque el convenio nos obliga a ponerle permanentemente a disposición todo. Puede venir el contador, los factores de la oficina de liquidaciones, el tesorero municipal, a verificar, a pedir, a requerir. Nunca lo hicieron”.
Claudio Díaz avanzó con las acciones que el sindicato aplicará el lunes: “Tomaremos dialogo preguntándoles qué requieren, y si no hacen recepción de esta documentación, haremos ‘consignación judicial’ de la misma y serán ellos responsables de los pasos que den a futuro”.
“Es ante requerimiento de ellos llevamos la documentación, la reciben bajo actuación de escribano y después vienen acá y la tiran en el sindicato. No fue devuelta la documentación, la subieron a un móvil policial, y la dejaron acá, sin recepción de firma. Eso es una irresponsabilidad total, porque ellos al recibir bajo escribano, tienen la documentación en guarda concreta. ¿Cómo van a venir a tirar a la calle algo que la Municipalidad tiene en guarda, usando a la Policía como hacen siempre? Que realmente está para otros fines y no para ser auxiliar administrativo de ellos”, consideró el abogado.
Ante la posibilidad de que las autoridades municipales requieran nuevamente los originales al sindicato el día lunes, Díaz indicó, “tendrán que hacer uso del artículo respectivo y verificar in situ (en el sindicato). Lo que no podemos es llevar 6.000 juegos de originales facturas conformadas, consentimientos informados de los afiliados, información de los proveedores, libramientos bancarios, porque eso no es prudente llevarlo a un kilómetro de distancia a la oficina municipal”.

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