El primero de ellos prevé que los Colegios Profesionales y de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, así como los que en el futuro se creen, están obligados a reducir el (50%) cincuenta por ciento, como mínimo, del monto de la cuota anual de matriculación que estén obligados a abonar los colegiados cuando se trate de personas con discapacidad, siempre que medie petición expresa de la interesada o del interesado.

Dentro de los fundamentos, Simón cita como antecedentes que "el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 1981, viene resolviendo que el monto anual de la matriculación debe reducirse en un cincuenta por ciento (50 %) en casos de matriculados con discapacidad acreditada".

Cita además que en el año 1994 se modificó la Constitución provincial (arts. 10 y ss., 36, 212 y ccs.) dándose rango constitucional a los derechos de las personas con discapacidad. Así, establece: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".

El legislador menciona que "un matriculado con discapacidad, sea esta de cualquier tipo y grado, posee menguadas oportunidades de trabajo con respecto a un profesional convencional, ello por razones de movilidad, tiempo, acompañamiento, mayores costos de traslado, dificultad y/o impedimento de accesos, etc., lo que ocasiona un plano real y concreto de desigualdad laboral".

"Este beneficio, no ocasionará ningún desbalance financiero en la recaudación del monto de matriculación, ya que el porcentaje de matriculados con discapacidad no es significante, en relación a la cantidad de afiliados, ni motivo de quiebre institucional", agrega en los considerandos.

En el segundo Proyecto de Ley expresa que se incorpore como integrantes del Consejo Provincial para Personas con discapacidad (COPRODis), a cinco personas discapacitadas, representantes de cada una de las discapacidades establecidas en la ley, a saber: discapacitados viscerales, discapacitados mentales, discapacitados motores, discapacitados sensoriales auditivos y discapacitados sensoriales visuales. Ello, en virtud de que a la luz de la evolución histórica, y de las concepciones y los paradigmas consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Nación mediante la Ley N ° 26.378, que favorece la participación, el protagonismo y la auto representación, en este caso aplicable en el espacio del Consejo, de esas personas como ciudadanos - ejerciendo sus derechos.

"Las personas con discapacidad conocedoras profundas de la problemática que las afecta, han desarrollado individual y/o colectivamente acciones demostrativas de su compromiso y conocimiento pleno sobre la temática, constituyéndose, a través de una participación activa, en postulantes de excelencia para cumplir con la tarea encomendada en la forma más adecuada.

Además, muchas personas con discapacidad, idóneas en la temática, desean participar trabajando, en la propuesta y elaboración de las políticas destinadas a su colectivo, por lo que merecen tener un reconocimiento legal que los incluya en la composición del Consejo Provincial para las Personas Discapacitadas", explicita.