El ministro de Gobierno, Javier Silva, intimó a la intendenta de San José (Santa María), Mónica Hernández, y a su nuevo abogado, Gustavo Martínez Azar, por las declaraciones en las que ambos denunciaron una "maniobra" supuestamente orquestada por el funcionario, junto a ex socios en un estudio jurídico que la representaba, para removerla de su sillón municipal.

Por carta documento, el ministro político reclamó una rectificación de las "expresiones descalificantes" vertidas por Hernández y Martínez, "entre las que me imputa tráfico de influencias, asociación ilícita y actuaciones antijurídicas en desmedro de mi persona y estatus funcional". Silva aseguró que "todos estos conceptos son falsos, deshonrantes, injustos y maliciosos", y amenazó con iniciar acciones legales por "calumnias e injurias" si no hay una retractación.

Ayer, en declaraciones a Radio Ancasti, el funcionario atribuyó los recientes cuestionamientos al área que conduce, a "operativos políticos", de supuestos afectados porque se les tocan "intereses".

Luego, al término de la inauguración del Buró de Visitantes, fue consultado sobre los polémicos dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, y dijo que "esas cosas no ayudan en una provincia democrática".

Sobre la reunión del titular de Hacienda, Mamerto Acuña, con Barrionuevo, consideró que "no lo veo como una cosa sorpresiva ni mucho menos".

Con diputados

El gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, mantuvo anoche una reunión con diputados del bloque FCS, luego de la fractura interna que derivó en el encumbramiento del jalilista Luis Barrionuevo como nuevo titular de la Cámara.

El mandatario convocó a los legisladores para planear la estrategia futura.