La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 699 la semana pasada, sin que haya trascendido la letra chica del mismo hasta ayer, cuando fue publicado en el Boletín Oficial. Inicialmente, se comunicó que sólo incluía a La Rioja. Pero en las últimas horas se supo que también la promoción industrial alcanza a otras tres provincias en donde existía el beneficio, San Juan, San Luis y Catamarca.

En el Gobierno pampeano, pese a las consultadas de este diario, no quieren aún hablar. Sólo en off, dicen que están hasta conformarse con los beneficios impositivos que la provincia posee con la zona franca de General Pico.

El carácter mesurado del gobernador Oscar Jorge ya es un clásico y lo ha contagiado a la gran mayoría de sus funcionarios. Días atrás, por el Fondo del Desendeudamiento de las Provincas, el vicegobernador Luis Campo tuvo que salir a expresar lo que el mandatario no dijo: que La Pampa había sido discriminada por Nación. Ahora, con este decreto de la presidenta, se produce un nuevo perjuicio a La Pampa.

La promoción industrial es un régimen de exención impositiva destinado a incentivar la radicación de empresas en el interior del país.

Las firmas que ya se han acogido al régimen de promoción industrial podrán permanecer en el sistema dos años más y las que se sumen podrán gozar de los beneficios impositivos por los próximos 15 años.

También habrá posibilidad para cambios de rubro o ampliaciones y las empresas que decidan hacerlo serán promocionadas por otros 15 años.

Según el decreto, las industrias promocionadas se ahorrarán hasta el 45% del impuesto a las Ganancias y del IVA.

La Pampa, durante el Gobierno de Rubén Marín, había demandado a Nación ante la Corte Suprema de Justicia por los perjuicios que le ocasionó el régimen de promoción industrial en las provincias vecinas. Al final, se acordó un fondo de compensación de 500 millones. Pero ese dinero no se terminó de pagar: recién en el último mes, y luego de las presiones en el Congreso del grupo Verna, Casa Rosada desembolsó 199 millones.

Oficialmente, nadie en el Gobierno pampeano informó aún si protestarán ante Nación. Los gobiernos de Mendoza y el de Chaco, también fuera de la promoción industrial, ya están pensando en demandas judiciales.