El 28 de diciembre del 2007 se publicó en el Boletín Oficial la reforma a la Ley N° 8.318 de uso y manejo conservacionista de los suelos, que autorizó al Poder Ejecutivo a gravar a las actividades de los pooles de siembra en Entre Ríos. Sin embargo, a un año y medio de promulgada la modificación, el gobierno no reglamentó la norma, por lo que las grandes empresas siguen exentas de aportar recursos a la provincia.

El delegado regional de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, señaló a la agencia AIM que desde la organización están de acuerdo "conceptualmente" con la norma, porque "tiende a diferenciar al productor entrerriano del gran productor que viene de afuera y no comercializa su producción en la provincia".

Sin embargo, aclaró que la ley "arranca de un artilugio para generar una tasa, por lo que desde la FAA hay algunas reservas en cuanto a si efectivamente se podrá aplicar y tendrá el impacto que esperamos".

Si la norma logra su objetivo, "el de afuera va a estar obligado a pagar, mientras que para el entrerriano no es un privilegio; sino una ventaja derivada de una obligación como es la de hacer las prácticas de conservación de suelo", agregó Bel.

En idéntico sentido se pronunció anoche, en Canal 9 Litoral, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, quien señaló que la entidad solicitó una audiencia al gobernador Sergio Urribarri para plantearle esta necesidad, además de otras como la pronta operatividad del puerto de Diamante.