A casi un mes de las usurpaciones de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que se encontraban abandonadas en la zona norte de la ciudad, las familias que en forma ilegal se instalaron en el lugar, continúan sin respuestas.

La usurpación se inició como medida extrema ante la necesidad de una vivienda propia de unas 45 familias que, por diferentes razones, no tenían un lugar propio para vivir. Algunas de ellas, cansadas de esperar por más de 10 años ser beneficiados con una vivienda social, otros viviendo en casas alquiladas y otros sin la posibilidad de inscribirse como postulante a una vivienda por no poder cumplir con los requisitos. Justificados o no, la necesidad fue la que llevó a que tomaran las viviendas y, pese a las reiteradas amenazas de desalojo, ninguna orden judicial les pidió que se retiraran.

Con el paso de los días, las familias fueron mejorando las viviendas, con la instalación de sanitarios que era el común de las viviendas. Otras instalaron puertas y ventanas que en algunos casos habían sido robadas y dañadas por actos vandálicos; otros, conscientes de la realidad, comenzaron a colocar rejas para protegerse y bajo la esperanza de que en forma definitiva puedan llegar a ser propietarios.

Por más de cinco años, las viviendas permanecieron abandonadas sin ser concluidas por la empresa encargada de la obra, y la responsabilidad omisa fue el desencadenante de las usurpaciones.

Pese a los compromisos de nuevas reuniones, tanto del intendente de la ciudad capital, Raúl Jalil, y del secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, no hubo más avances en las negociaciones por la ocupación de las viviendas; tampoco del Administrador del IPV, Dante López Rodríguez, organismo involucrado en la situación.

Las familias ahora esperan que, de una vez por todas, la situación se defina, y esperan con ansias llegar a ser poseedores de las construcciones, bajo el compromiso de un pago mensual como cualquier otro beneficiario de una vivienda social. “Queremos pagarlas, no que nos regalen nada”, resaltó Romina, una de las mujeres que junto con su pequeña hija vive desde hace casi un mes en una de las viviendas.

Mientras esperan, las familias iniciaron la recolección de firmas que serán elevadas con un petitorio al administrador del Vivienda, que refuerza el planteo de acceder a las viviendas de forma definitiva.

Las ocupaciones a un segundo plano

La ola de usurpaciones desencadenada tiempo atrás, pasó a un segundo plano luego de que las fuerzas policiales se sublevaran e iniciaran medidas de fuerza, lo que desató un desorden generalizado en la ciudad capital.

La usurpación de las viviendas ubicadas en avenida Choya y Los Terebintos no fue la única en aquel momento. En algunas viviendas en construcción, en la zona norte, también se registraron intentos de usurpación. En el oeste de la ciudad, en cercanías del barrio Antinaco, un grupo de viviendas sigue, hasta el día de hoy, ocupadas en forma irregular.

Producto de la situación fue que se dio orden a la Policía para que hiciera rondas a los efectos de custodiar y evitar nuevas ocupaciones.