La trama judicial abierta a raíz del escándalo de Lomas de Medeiros tiene al menos dos o tres meses más de vida. Ese es el tiempo mínimo en el que generalmente los jueces resuelven la cuestión de fondo de los amparos. Dicho de otro modo: en dos o tres meses (es muy poco probable que sea antes) tres jueces que intervinieron en amparos, decidirán si siete preadjudicatarios del IPV reúnen las condiciones para ser propietarios de una casa en el barrio de la zona oeste.

La prisa del Gobierno por cerrar el caso lo antes posible con la adjudicación definitiva (y corregida), no podrá ser en tiempo acotado.

A principios de este mes, Lomas de Medeiros fue el barrio del escándalo, cuando se conoció una lista de preadjudicatarios entre las que figuraban empresarios, funcionarios y amigos del Gobierno provincial, algunos de ellos incluso propietarios de inmuebles.

En una acción por reacción el gobernador Juan Manuel Urtubey desadjudicó 39 viviendas que habían sido entregadas desde que comenzó su mandato, en diciembre de 2007. Trató así de “depurar” la nómina, donde varios de los anteriores beneficiarios no volvieron a aparecer. La decisión tomó forma en la resolución 339 del Instituto Provincial de la Vivienda que reabrió la inscripción y fijó un nuevo sorteo para el pasado lunes 22.

Sin embargo, hubo ocho amparos. La Justicia logró dejar fuera del sorteo a siete viviendas, tras la presentación de medidas cautelares. Uno no tuvo éxito ya que el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Onceava Nominación, Juan Cabral Duba, tuvo una respuesta diferente. El magistrado se declaró incompetente; el paso siguiente era llegar a la Corte de Justicia, pero para ello era necesario que el damnificado presentara una apelación. Como no lo hizo, el caso quedó en la nada.