Un anuncio inesperado no por lo lógico sino por las implicancias políticas que arrastraba dio ayer el gobernador Juan Manuel Urtubey en el Día de la Sanidad, al indicar que se acababan los contratos con la Fundación Trabajo y Solidaridad de ATSA, gremio encabezado por el diputado provincial Abel Ramos, al momento de indicar que 440 trabajadores aproximadamente son los que pasarán (o en todo caso, volverán), al Estado. Se espera que el cumplimiento pueda concretarse en los próximos 45 días.
Cerca de 20 años los servicios de limpieza, mantenimiento y cocina de los hospitales de la capital salteña estuvieron en manos del diputado, a través de las empresas tercerizadas Todolim, Cocirap y Trabasani primero, y por medio de la Fundación después. Por ahora los servicios se realizaban para los hospitales Oñativia, San Bernardo, Ragone y Milagro Viejo.
Innumerables denuncias, trabajadores golpeados e intimados, manejos poco claros y un manto de impunidad recurrente son parte de la historia de estas empresas, que llegaron a ser tercerizadas por decisiones tomadas en el gobierno de Juan Carlos Romero que, acorde con las políticas neoliberales de los '90, primero despidió trabajadores (a los que llamó excedentes), y luego tercerizó los servicios, perdiendo los trabajadores en su traspaso los derechos que habían adquirido por años.
El traspaso se hizo en 1996 y se mantuvieron por los 12 años de gestión de Romero y los 8 que van siendo administrados por Urtubey.
"Ya le estábamos dando vueltas al asunto", respondió el gobernador a Nuevo Diario cuando se le recordó que el año pasado había sostenido que los servicios brindados por las tercerizadas no eran escenciales. Sus manifestaciones habían sido contradichas por la Auditoría General de la Provincia que dio a conocer un informe lapidario de los incumplimientos de las empresas que se encontraban bajo el mando de Ramos.
La auditoría salió después de una fuerte lucha de los trabajadores de las tercerizadas que el año pasado acamparon por al menos dos meses en las puertas del San Bernardo pese a las amenazas y los golpes esgrimidos en su contra. En ese contexto, el Gobierno tuvo que 'analizar' si prorrogaba el contrato, que se encontraba vencido desde mayo del año pasado.
Lejos de hablar de la mayoría de estos antecedentes (dado que hizo referencia a los llamados excedentes), el gobernador agradeció a Abel Ramos su presencia y a la "gente de la Fundación", su "comprensión", para hacer "un acto de Justicia. En su discurso en el acto, al grito de apoyo de "Urtubey", sostenía que este sector de la Salud era una "ineludible responsabilidad del Estado". Por ahora, se anunció que la Fundación tendría a su cargo la construcción de una "Clínica de los Trabajadores", sin otorgar mayores especificaciones. Más allá de los pormenores, el anuncio que se esperaba desde el momento que se hizo la transferencia a tercerizadas, generó la alegría de quienes se mantuvieron siempre en su posición de denuncia contra estas empresas.


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