Así, mientras en los municipios del conurbano y las grandes ciudades se privatizaban los servicios de recolección de residuos, el suministro de agua, el servicio cloacal y otros, en Saladillo mantuvimos la política de mantenerlos en manos de la Municipalidad, haciendo caso omiso al canto de sirenas que contaba las bondades de pasarlos a la órbita privada, sabiendo nosotros que, a la primera complicación que se presentara, iba a tener que ir el Estado en socorro del sector que no cubrieran las empresas privadas por cuestiones de rentabilidad. Y así ocurrió cuando el mercado comenzó a ser poco rentable a las compañías privadas, dejando a su suerte a gran cantidad de usuarios que tuvieron que ser socorridos por el Estado para seguir recibiendo los servicios, e incluso, debiendo reestatizarse compañías para poder seguir prestando el servicio. Ejemplo de ello es la privatización del servicio de agua y cloacas en la Provincia de Buenos Aires adjudicado a Azurix y luego re-estatizado; también el Gobierno Nacional entregó el mismo servicio a "Aguas Argentinas " también volvió a manos estatales.

En Saladillo hemos actuado con coherencia a lo largo de los años, contrastando con los vaivenes y las improvisaciones en el ámbito provincial y nacional.

No decidimos sostener esta política por ser fundamentalistas del Estado, sino que por cuestiones prácticas sabíamos que la prestación de los servicios públicos en este contexto solo podía ser prestada por la estructura del Estado. El Estado tiene el suficiente imperio como para atenuar los vaivenes del mercado y prestar un servicio con estándares de calidad, a precios razonables y teniendo como principio rector el de la solidaridad.

Pero en pos de la claridad de la política de los servicios en manos estatales también hay que ser sinceros: no puede ser mantenida a cualquier costo o maquillando la realidad, como ocurre con los servicios públicos a nivel nacional, en donde una inadecuada, por no decir nefasta, política de subsidios al sector de los servicios privatizados, termina acarreando para el usuario mayores perjuicios que beneficios. La política de subsidios ha logrado ocultar un atraso tarifario que hoy pagamos, por ejemplo en el tema del gas, con un aumento descomunal y encubierto vía creación de fideicomisos. Lo mismo ocurre con el servicio eléctrico, que con un maquiavélico programa de premios y castigos al consumo, oculta dos grandes problemas: el primero y principal, la falta de obras de infraestructura fundamentales; y la segunda, una falta de sinceramiento en las tarifas, ya que con el afán de controlar, mediante mecanismo espurios, los índices de inflación y aumento de precios, provocan que ahora sean los usuarios quienes deban cargar con los errores de años de malas políticas. Resulta paradójico que sea la crisis mundial la que salve la situación en muchos casos, ocultando faltantes de suministro vía reducción de la producción industrial.

Es por ello que no debemos atarnos a recetas: debemos actuar, tanto Estado, como reguladores, y en los casos que corresponda como prestadores, de los servicios esenciales que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir, tal y como marca la Constitución y las leyes.