"Hay que reestudiar lo que se está haciendo, concreta y eficazmente, en cuanto a la reinserción social de los internos, porque si a poco de salir huyen, nos están diciendo en la cara a todos que no hicimos nada de lo que deberíamos hacer", reflexionó la senadora María Isabel Gainza, refiriéndose a realidades que van más allá de una cárcel puntual. En la mesa de análisis ubicó la reciente y escandalosa fuga de 13 presos de la cárcel de Ezeiza, pero también las reiteradas evasiones registradas en la Unidad Penal 27 de Olavarría, a principios de 2013. Y volvió a insistir con su pedido de informes al Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el que pretendía saber cómo funciona el sistema, si el personal estaba capacitado y de qué manera se planteaba el después de los internos pero desde que estaban presos. Las respuestas, que buscó hace cuatro meses, no llegaron y la misma suerte corrió la presentación del Concejo Deliberante, también en abril de este año, cuando los vecinos de Sierra Chica expusieron su malestar por repetitivas fugas de la Unidad 27 en cuatro meses. Los concejales oficialistas elevaron un proyecto de comunicación a las autoridades provinciales para obtener información sobre lo ocurrido pero "eso nunca fue contestado", admitió ante EL POPULAR Einar Iguerategui, desde el bloque eseverrista.

Reclamo de campaña

La escandalosa fuga de 13 presos de la cárcel de Ezeiza, que derivó en la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, y la separación del cargo de 19 guardiacárceles, recreó la pregunta sobre la situación de la Unidad 27 y las evasiones que se repitieron en el primer cuatrimestre de este año, alterando la tranquilidad de la comunidad.

Con preocupación, un grupo de vecinos de la localidad de Sierra Chica había expuesto su preocupación en la Mesa de Gestión Territorial y los concejales que hoy son del Frente Renovador massista y en abril integraban el Frente para la Victoria, decidieron elevar la inquietud al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense. El objetivo era obtener información sobre el porqué de las repetitivas fugas del predio carcelario ubicado sobre el Camino de los Pueblos, en el tramo que une las localidades de Sierra Chica y Colonia Hinojo, y solicitar que se arbitraran los medios necesarios con el fin de arribar a la solución.

"No tuvimos más noticias sobre ese planteo a pesar de que nada ha cambiado. No han vuelto a ocurrir fugas tan numerosas como las de principios de año, pero no tuvimos novedades al respecto", contó con desánimo Daniel Rodríguez, vicepresidente de la Junta Vecinal de esa localidad que aloja unos 1.800 internos en las Unidades 2, 27 y 38.

El Servicio Penitenciario bonaerense no acusó recibo hasta el momento. Sí hubo contactos informales impulsados por los concejales a través de los cuales "nos señalaron que es imposible de resolver porque sería ir hacia atrás con Ley de Ejecución Penal", explicó Einar Iguerategui a este Diario. Es que rige un cambio de régimen a partir del "artículo 100" de la Ley 12.256, de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires, que indica que el juez competente autorizará el ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias de los internos previo el asesoramiento de la Junta de Selección, sobre la base de la evaluación criminológica.

El nuevo sistema es concebido como "un avance y pedir lo contrario sería cambiar el régimen, dar un atrás en la ley y no es lo que se propone la Provincia", expuso el concejal. Otra alternativa que se había propuesto era el alambrado perimetral, pero "también sería ir contra ley porque el sistema abierto da como requisito que no puede haber obstáculo entre el afuera y la cárcel", precisó el edil eseverrista.

En síntesis, "formalmente no hubo respuesta" a la hora de lograr explicaciones sobre la evasión de internos y la problemática resurgió durante la última campaña electoral. "En las varias caminatas que hicimos por Sierra Chica, los vecinos volvían a exponer dos problemas: el correo que no tienen y los presos que se evaden. Reconocen que han menguado (las fugas), pero tienen el miedo latente", reconoció Iguerategui. De hecho, "fue uno de los reclamos de la gente" recogidos previo a las PASO, pero desde el Concejo Deliberante "no tenemos otras herramientas para actuar", aclaró.

"Hace agua por todos lados"

En abril, la senadora Gainza presentó un pedido de informes para determinar por qué se ha producido una sucesión inusitada de evasiones de la Unidad Penal Nº 27 de Sierra Chica, además de indagar sobre la cantidad de intentos y la capacitación del personal.

El número exacto de los intentos de fuga es uno de los planteos, ya que son "numerosas las versiones que indican que los más de diez casos que ha reflejado la prensa no representan la totalidad de los mismos", expone la legisladora.

Otras inquietudes apuntaba a la determinación del régimen establecido por la Ley 14.296 para dicha unidad penitenciaria que era de reciente aplicación, por lo que se indagaba sobre la capacitación del personal, los criterios y procedimientos de evaluación para el ingreso al mismo. También los estándares internacionales reconocidos, las pautas de organización y control internos tanto en su plano enunciativo como en su concreta implementación y las acciones específicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, con el fin de lograr aislar y adecuar aquellas instancias que contribuyan por acción u omisión a burlar las disposiciones vigentes con las deplorables consecuencias implícitas para la sociedad toda.

"Pretendíamos saber de qué manera se está trabajando con este sistema de las libertades morigeradas, en cuanto a la capacitación de las personas a las que se está concediendo ciertos beneficios y resolver de qué modo (las autoridades) se están haciendo responsables de las irregularidades. Es una cárcel de régimen semiabierto y se supone que son todos condenados, que cumplieron su condena o están prontos a salir y tienen beneficios para reinsertarse", desmenuzó la senadora de la Coalición Cívica, sin respuestas a la vista.

La legisladora apuntó además "a la gente que sale a trabajar y no lo hace; de algunos nos enteramos después que cometieron delitos, como el caso Alonso, y para que ese interno saliera hubo informes favorables del Servicio Penitenciario, informes periciales y un juez de ejecución que dice ?sí, hay que darle una oportunidad? ".

¿Qué es lo que falla? "Todo falla: el Servicio Penitenciario, que de una situación de no hacer nada pasa a la mano dura y termina produciendo estas fugas. En el Servicio Penitenciario Federal es lo mismo. Es una fuerza que no termina de democratizarse internamente, para los fines que se creó". Para Gainza lo preocupante es que no se cumple con lo que es "obligación del Estado, de hacer todo lo necesario para reinsertar el interno. No lo estamos haciendo".

La senadora sostuvo finalmente que "el sistema hace agua por todos lados y habría que dar un cambio muy grande" para reencauzarlo. "Hay una responsabilidad política, que es lo principal, que hace que falle el servicio penitenciario, las fuerzas de seguridad federal y bonaerense y algunos jueces que cumplen con su papel. Y en todo el sistema penitenciario está pasando lo mismo", concluyó.