La Coalición Cívica sostiene que el servicio sólo se extiende a zonas de alto poder adquisitivo y el Encuentro Pilarense pide que se rescinda el contrato.

El servicio clave de agua potable y cloacas, una vez más, gana críticas y muestra a una oposición con la mira hacia un mismo lugar.

Denuncias por plantas de tratamiento de efluentes que rebalsan e inundan de materia fecal a zonas habitadas, críticas por la casi nula extensión del servicio a zonas postergadas (y sí a complejos urbanísticos o comerciales de alto poder adquisitivo), y hasta pedidos de anulación del contrato partieron desde Unión Pro, la Defensoría del Pueblo, la Coalición Cívica, y el Encuentro Pilarense.

El primero en abrir el juego y disparar fue Gabriel Lagomarsino (E.P), quién en una nota enviada a Pilar de Todos cuestiona el bajo porcentaje de pilarenses que cuentan con el servicio de agua de red y cloacas, y lo compara con los índices de 1990, cuando se privatizó la prestación.

"Sudamericana de Aguas en Pilar va a cumplir veinte años de concesión, y sólo tienen cloacas 2 de cada 10 pilarenses. En el Pilar de 1990, existía 1 de cada 10 pilarenses con cloacas, y 2 de cada 10 con agua de red. En el Pilar de este 2010, sólo hay 2 de cada 10 pilarenses con cloacas, y 3 de cada 10 con agua de red: un número demasiado pequeño para aportar a la salud pública. Ni (el intendente Humberto) Zúccaro, ni nadie podrá ‘curar a Pilar’ hasta que la concesión de los servicios en manos de Sudamericana de Aguas sea rescindida y encarada con recursos públicos, o vuelta a concesionar a alguna empresa que de verdad esté comprometida con la salud pública, y brinde ‘servicios sanitarios para todos’", cuestionó el titular de Encuentro Pilarense y ex candidato a concejal por el Acuerdo Cívico.

Lagomarsino también recordó que Zúccaro, en el 2000, había señalado públicamente que había sido un error la concesión, al tiempo que se comprometía a "rescindir" el contrato.

La dirigente de la Coalición Cívica y asesora ambiental del bloque de la C.C. en el Concejo, María Rosa Batalla, por su parte, apuntó, también a través de una carta enviada a Pilar de Todos que Sudamericana prioriza las obras a sectores pudientes y no a zonas carenciadas.

"¿A quiénes la empresa le puso agua y cloacas en estos veinte años? Si la distribución hubiera sido justa, estos servicios hubieran llegado a toda la población pilarense, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los beneficiarios de esos servicios. Lamentablemente, esto no ocurrió. Basta acercarse a la oficina comercial de la empresa para ver en un llamativo cartel de vidrio el detalle de las obras realizadas en estos años. De allí se deduce que sólo se han extendido los servicios a barrios cerrados, countries y emprendimientos comerciales. En ellos la rentabilidad está asegurada, lejos de constituirse en un bien social", señaló la asesora de la Coalición Cívica.

"No olvidemos que salvo el Programa Nacional ‘Agua más Trabajo’, no se ha llevado agua y cloacas, y por añadidura salud, a los barrios más necesitados de ellos, por el sólo hecho de que no es lucrativo para la empresa. Es sabido que tanto agua como cloacas son parte indivisible del concepto de salud. En este tema, el gobierno nacional supo ver en su momento que la salud pública no debía estar supeditada al lucro empresarial, y en respuesta a ello reestatizó Aguas Argentinas", añadió la dirigente de la C.C.

Además, tanto Lagomarsino como Batalla reclamaron que se ponga en marcha el ente de control de la firma, un organismo que todavía no fue puesto en funcionamiento (condición para el incremento tarifario que se autorizó desde el 2005), aunque de manera informal el Ejecutivo, representantes oficialistas del HCD y la firma se reúnen una vez por semana.

"Dentro del contrato de privatización figura la existencia de un ente regulador, que debería verificar la calidad del servicio. Al día de hoy, nunca funcionó. Por lo tanto, no sabemos, salvo por la opinión de la empresa y el silencio del municipio, qué calidad de servicio tenemos. El estado ha cedido su capacidad de control una vez más", puntualizó Batalla.

Lagomarsino, que semanas atrás estuvo en la empresa junto a un grupo de vecinos de Villa Alpina II, adelantó que, en el marco de la reciente aprobación de la ordenanza de libre acceso a la información pública (normativa que de todos modos aún no fue puesta en vigencia) solicitará datos de la compañía, como relación contractual, ordenanzas que regulan el servicio e incluso los balances financieros de Sudamericana.

Esta semana, además, los ediles de Unión Pro Gustavo Trindade y Sixto De Santo, junto con el Defensor del Pueblo Orlando Bargaglio, recorrieron el barrio Agustoni, en donde Según los vecinos en las calles San Salvador, entre chile y Santa Agueda, hay una planta de traspaso de Sudamericana, que recibe los efluentes cloacales de algunos barrios cerrados.

"Los vecinos denunciaron que se inunda el sector cuando llueve, ya que es una zona baja, y hace que la planta rebalse y comience a salir de los pozos de la empresa materia fecal. Todavía no puede hablar con nadie de Sudamericana, pero estoy elaborando sendos escritos para enviar a la Municipalidad y a la empresa", resumió Bargaglio.

Desde hace más de un año, además, Bargaglio viene reclamando también que se ponga en marcha el ente de contralor del servicio. Todavía no obtuvo respuesta.