A seis meses de que se comenzara a implementar en Mar del Plata la separación de residuos en orígen, el gobierno local no parece dispuesto a establecer de manera inmediata una norma que regule esta experiencia, la que de momento, seguiría desarrollándose en base a la voluntad de los vecinos de cumplir o no con las consignas difundidas por la comuna. Durante todo este tiempo, además, tampoco se dieron a conocer desde el Ejecutivo cifras ciertas sobre el resultado concreto que está teniendo esta iniciativa, por lo que su éxito comenzó a ser puesto en tela de juicio por algunos concejales de la oposición.

Esta semana, el radical Mario Rodríguez, advirtió que lejos de mejorar, el cumplimiento del pedido de retirar la basura orgánica e inorgánica en bolsas y días diferentes, registró un retroceso. "Ha habido un relajamiento en la ciudadanía", señaló, atribuyendo este fenómeno a la falta de continuidad de las campañas de concientización e información.

Cierta o no, la apreciación de Rodríguez resulta incontrastable ya que durante los últimos meses nunca se dieron a conocer datos sobre cuál es volumen de residuos recuperables que llega a diario a la planta de separación. Posiblemente funcionarios del Ejecutivo dispongan de cifras más o menos precisas que indiquen en qué medida los vecinos cumplen, pero lo cierto es que esa información nunca se hizo pública.

Más bien, durante todos estos meses las autoridades optaron por realizar vagos comentarios al respecto, con elogios hacia el supuesto "gran nivel de cumplimiento" exhibido por marplatenses y batanenses.

De este modo, al común de la gente no le queda mucho más que recurrir a la observación y verificar así cuál es la cantidad de bolsas verdes presentes frente a los domicilios particulares para hacerse una idea de cómo marcha el programa.

Incumplidores sin sanción

La separación en origen fue impulsada por la Municipalidad a mediados de mayo, cuando se pidió que los vecinos depositaran en bolsas comunes la basura orgánica y en otras de color verde la "recuperable", entre la cual, se incluyó al papel, el cartón, el vidrio, el plástico y los metales.

Por aquél entonces, la comuna lograba poner en funcionamiento la planta de reciclado operada por recuperadores nucleados en la cooperativa CURA, a los que les encomendó recibir los residuos recuperables, clasificarlos y aprovecharlos para su comercialización. Respecto del desempeño de la planta y de los resultados del aprovechamiento económico de la basura tampoco hubo información concreta durante todo este tiempo.

Además de poner en funcionamiento este establecimiento, la comuna también habilitó el nuevo predio de disposición final, del cual se dijo, vería extendida su vida útil gracias a que comenzaría a recibir menor volumen de basura.

Lo cierto fue que la separación en origen se implementó sin que existiera ninguna norma que la regulara para, por ejemplo, establecer sanciones contra quienes no cumplen con las consignas.

Desde hace seis meses, el programa se ejecuta en base a una serie de pautas que no figuran en ninguna norma, sino que llegaron a la población a través de una amplia campaña de difusión.

Alentar a la gente a cumplir con la separación sin que existiera un marco legal, fue una decisión deliberada del gobierno municipal que, en su momento, argumentó que en una primera fase se trataría de generar nuevos hábitos sin recurrir a la aplicación de sanciones entre quienes no cumplieran.

De todos modos, las autoridades habían anunciado que una vez que se consolidara el habito de la separación, sí se le pediría al Concejo que tratara y aprobara una regulación.

Fuentes del oficialismo consultadas ayer por LA CAPITAL coincidieron en señalar que si bien existen algunos borradores que contienen las disposiciones para regular el sistema, no se sabe si el Ejecutivo tiene en agenda promover el tratamiento del tema en el corto plazo.