La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura.

Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%.

En tal contexto, el desarrollo minero resulta una quimera. Y nuestra provincia no puede darse el lujo de resignar los recursos que la minería, bien gestionada, proporcionaría para financiar su progreso.

Sabemos ya cuáles fueron los errores que llevaron a la situación que se vive, de la que son responsables las autoridades políticas tanto como las propias empresas mineras.

No existieron, por empezar, políticas informativas para proporcionar a los catamarqueños cabal dimensión de lo que la minería implica como fuente de recursos y, al mismo tiempo, llevar tranquilidad y garantías en torno a la cuestión ambiental, que despierta temores lógicos en una población sin datos precisos e inobjetables sobre el impacto ecológico de los emprendimientos.

La falla comunicativa ha tenido consecuencias muy gravosas. La falta de información es aprovechada para desinformar por los sectores interesados en demonizar la minería, a la que postulan, sin sustento, como la causa de un sinnúmero de males mientras difunden apocalípticas profecías. No puede negarse el éxito que los enemigos de la minería han tenido hasta ahora en sus objetivos de atemorizar a la población.

Pero el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción.

Con la clara complicidad del Estado, las regalías se desperdiciaron, en una actitud que las instituciones provinciales avalaron con su silencio. Les caben en el caso responsabilidades a todos los que callaron y no utilizaron los instrumentos que tenían a su alcance para evitar el despropósito, estén en el Gobierno, la Legislatura o la Justicia, pasando por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Nadie veló por los bienes de la provincia.

Un intendente del Oeste llegó a decir, sin que nadie le pidiera explicaciones, que gastaría el dinero de la minería en lo que le hiciera falta. Y otros dilapidaron verdaderas fortunas en obras que nunca se terminaron o, peor aún, que nunca comenzaron a ejecutarse. Este diario informó en detalle acerca de estos casos.

Por ello, no es casual que Andalgalá sea el lugar donde con mayor virulencia se manifiesta la oposición a la minería. Es la comuna que mayor cantidad de recursos recibió de la actividad, de modo que allí es donde con mayor claridad puede percibirse el derroche inútil: millones de pesos se gastaron sin que los andalgalenses hayan registrado mejoras significativas en sus condiciones de vida.

Así, Andalgalá se destaca como síntesis de los errores que jalonaron la gestión minera, admitidos por el nuevo secretario de Minería y por el mismo Gobierno al anunciar cambios radicales en las políticas del sector.

Convertidos en epicentro de la antiminería, es en los departamentos del Oeste donde el gobernador Eduardo Brizuela del Moral debe intervenir más decididamente, porque allí su figura todavía conserva un buen margen de aceptación social, si bien ya no tiene los altos índices de imagen positiva que lo caracterizaron históricamente.

Su intervención debe ser entendida en el más amplio sentido del término. No significa solamente intervenir en el ámbito municipal, sino involucrarse junto a su equipo de trabajo en el debate con la sociedad y las instituciones del Oeste en todos los niveles, estar presente y monitorear en forma permanente la temperatura social, aventar todas las dudas que puedan existir y trabajar en forma tenaz para revertir el clima adverso a la minería que se extiende.

Sólo usted, señor Gobernador, puede revertir el nivel de deterioro a que ha llegado la sociedad del Oeste en relación con este sector clave de la economía provincial. Porque está claro que no es posible desarrollar la minería sin consenso social. Pero, al mismo tiempo, nunca es tarde para subsanar los errores cometidos.

Ya no alcanzan las promesas. Trabajar para que los catamarqueños vuelvan a ver la minería como una esperanza y no como una amenaza no admite más dilaciones. No hacerlo o postergarlo puede significar la pérdida de una oportunidad única para la provincia.