Cuando sólo faltan dos días para que los uruguayos voten por la derogación o no de la Ley de Caducidad de delitos cometidos por la dictadura, la Justicia condenó a 25 años de cárcel al general Gregorio Álvarez, presidente de facto entre 1981 y 1985, por 37 homicidios. Aunque había sido acusado en un principio por el delito de "desaparición forzada", finalmente Goyo Álvarez, de 83 años, fue encontrado culpable de "homicidio especialmente agravado" y condenado a la pena máxima pedida por el fiscal. El juez Luis Charles también comunicó la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau por otros 29 asesinatos. "No minimizamos la sentencia, pero la identificamos dentro de un contexto. Recién ahora se están rompiendo las barreras contra la impunidad, aunque esto no se termina acá", aclaró la vocera de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites.

Álvarez es un emblema de la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985. A pesar de la vigencia de la Ley de Caducidad, estaba preso desde 2007, acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde la Argentina hacia Uruguay cuando era jefe del ejército, en 1978. Sus víctimas fueron secuestradas en la Argentina, torturadas en el centro de reclusión Pozo de Banfield y trasladadas hacia Uruguay, pero sus restos nunca aparecieron.

"Tengamos presente que aquí se trata de familias uruguayas que fueron trasladadas desde Buenos Aires y la verdad oficial todavía no reconoce el traslado clandestino por parte de las Fuerzas Armadas", dijo el abogado Oscar López Goldaracena, quien presentó la denuncia.

Según organizaciones de derechos humanos, son unos 200 los uruguayos desaparecidos durante el gobierno militar, la mayoría en episodios ocurridos en la Argentina en virtud del Plan Cóndor, el esquema represivo que coordinó las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

El 1 de marzo de 2005, al asumir como presidente el frenteamplista Tabaré Vázquez, el gobierno consideró "imperioso saldar cuanto antes y de la mejor manera esta rémora del pasado". La estrategia de Vázquez fue mantener en vigor la Ley de Caducidad –incluso ante la oposición de algunos miembros del Frente Amplio– y habilitar investigaciones puntuales con el argumento de que la norma no es aplicable para delitos cometidos fuera del país.

Para Leites, "no es una coincidencia" que se haga el anuncio de la condena a Álvarez a días del plebiscito, que coincide con unas elecciones en las que es favorito el oficialista y ex guerrillero tupamaro José Mujica. Esta semana, además, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para un caso específico. "Hay una exigencia del pueblo que se reflejó en los poderes del Estado", afirmó Leites, quien tiene una lista "de más de 400 militares identificados como torturadores".

La derogación definitiva de la Ley de Caducidad depende ahora de que la opción por el "Sí" supere este domingo el 50% de los votos, cuatro puntos más de los que hoy le vaticinan las encuestas.