además de requerir información por la polémica que gira en torno a la baja de 2.901 beneficiarios de los vales Pro-Familia.

Es que los legisladores de la oposición tendrían algunas certezas de que el proceso administrativo por el que se llevó a cabo la compra de útiles escolares a un proveedor que no contaba con la infraestructura y el consecuente respaldo económico para hacer frente a la entrega –en tiempo y forma- de los mencionados productos, estaría teñido de posibles irregularidades. Y de hecho, la idea de los senadores pasaría por revisar todas las compras que viene realizando hasta la fecha el ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer.

Solicitud

En principio, en la iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo Provincial disponer, a través del organismo responsable, de un informe a la Cámara de Senadores con el listado completo de los agentes y ex agentes del Estado que han usufructuado los beneficios en forma indebida de las 2.901 tarjetas del sistema Pro-Familia con sus respectivos nombres y apellidos, los DNI, CUIL, repartición en la que prestan o han prestado servicio, categoría y cargo que desempeñan o que han desempeñado, y haberes mensuales que reciben o han percibido; y quiénes son los beneficiados con salarios de hasta $20 mil.

Con idéntico fin, los senadores opositores solicitan al Ministerio de Desarrollo Social que informe sobre el procedimiento contable técnico administrativo utilizado para la adquisición de los 8.000 kits escolares para alumnos de bajos recursos económicos en el marco del Programa “Vivir Mejor”.

En los fundamentos del proyecto, advierten que, en el Decreto Acuerdo Nº 800, la remuneración por todo concepto de las autoridades de la Provincia no pueden exceder los $19 mil. "No entendemos entonces quiénes son los beneficiados con salarios que llegan hasta $20 mil. Es necesario que esta denuncia tan seria se traduzca solo en actos mediáticos", acotaron.

Para Mayorga, habría "delito"

El asesor legal de la Gobernación, Mario Mayorga, sostuvo que, aunque no conoce en detalle la denuncia pública realizada por el ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer, sobre el cobro indebido de beneficios del programa Pro-Familia, en primera instancia existiría la comisión del “delito de estafa” en contra del Estado por parte de aquellas personas que dispusieron de la tarjeta social sin que sus necesidades alcancen el grado de pobreza.

Mayorga indicó que no accedió al expediente de la denuncia, el cual será elevado a Fiscalía de Estado, donde se sustanciará la investigación.

Sin embargo, el funcionario opinó que el supuesto accionar irregular de los beneficiarios dados de baja configuraría el delito de “estafa porque perjudicaron al Estado obteniendo una ayuda social que estaba dirigida a personas de escasos recursos”.

Estrategias en Diputados

Al cierre de esta edición, diputados de la oposición y del kirchnerismo se encontraban analizando las estrategias que llevarán a cabo en la sesión de hoy en torno a la polémica desatada por los vales Pro-Familia.

Una vez más, Diputados será la caja de resonancia de los conflictos del Gobierno. Esta vez, los fondos destinados a la ayuda social a través de los vales y los 8.000 kits escolares adquiridos por Desarrollo Social formarán parte de una serie de acusaciones cruzadas.

Cuando la oposición exponga sus dudas sobre la administración del organismo, a cargo del funcionario kirchnerista Oscar Pfeiffer, el oficialismo se apresta a recordar todos los escándalos de Desarrollo Social durante la gestión del Frente Cívico.

En medio de esa pelea (por parte de los dos bloques) hay diputados que ya adelantaron que no tomarán intervención alguna.

En el orden del día, entre los proyectos a tratar, figura el despacho de mayoría de la Comisión de Hacienda, sobre las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2008-2009.