De acuerdo al texto del Proyecto de Ley presentado por el legislador bolivarense, en su artículo 3º indica que la emergencia comprendería "los aspectos económicos, organizativos, funcionales, operativos y de planeamiento y ejecución de obras, que permitan mejorar el estado actual de la red vial provincial".

En su artículo 6º sostiene que "el estado de Desastre Vial será declarado por ley especial, cuando una ruta provincial, o un tramo de alguna de ellas, estén afectados por una excepcional magnitud de daños, cuyo estado no pueda mejorarse con las medidas que trae aparejada la declaración de emergencia decretada en el artículo 1º de la presente ley. El estado de Desastre Vial, subsistirá mientras conserven vigencia las causas que motivaron su establecimiento por ley". Agrega en el articulado que "cuando se declare una ruta, o un tramo de ella, en estado de desastre, el mismo comprenderá la autorización a los Municipios afectados, para le ejecución de obras, o la toma de decisiones, que permitan, a corto plazo, morigerar el mal estado de la ruta, o tramo de ella, declarados en estado de desastre".

En lo que hace a las partidas presupuestarias a destinar por parte de los municipios para las obras correspondientes, el Proyecto declara que podrían usar, "previa notificación a la Autoridad de Aplicación, y en compensación por lo que les corresponda, las sumas de dinero que provengan del cobro de impuestos provinciales a cargo de las municipalidades. Dispondrán también, a los mismos efectos, de los recursos del Fondo creado en el artículo 11º, en la modalidad y plazos que determine la reglamentación". El artículo onceavo, precisamente, habla de la creación de un 'Fondo Vial de Reconstrucción de Rutas Provinciales', que dispondría de recursos reunidos a través de lo que anualmente se determine en el presupuesto provincial, mediante leyes especiales a tal efecto y de activos financieros de liquidez no inmediata que posea el gobierno provincia. Esos fondos serían depositados en una Cuenta Especial, cuyo titular será la Autoridad de Aplicación.

El proyecto de Simón contempla que los municipios deberán "proceder a la señalización adecuada y precisa de la ruta, o tramo de ella, declarados en estado de desastre, cada fracciones de 20 kilómetros. Asimismo, los municipios deberán habilitar un sistema de emergencias, para los conductores que circulen, a través de mensajes de texto a un número (*xxx) que oportunamente se determine. Además, según el modo y forma que determine la reglamentación de la presente ley, deberán instalarse las denominadas 'Islas de Servicios' y la ubicación de puestos SOS".

Contempla también la autorización a los municipios bonaerenses para reunirse en consorcios, que les permitan aunar aportes económicos y técnicos "para el estudio, construcción, reconstrucción y conservación de todas las rutas provinciales".