Viajó 22 horas entre La Paz y Corumbá, en un auto de la embajada de Brasil en la capital boliviana. En esa ciudad de Mato Grosso del Sur lo aguardaban agentes de la policía federal. De allí siguió rumbo hacia Campo Grande donde subió a un avión particular. Y ayer a las 13.10 desembarcó en Brasilia. Así terminó el raid de Roger Pinto, un senador derechista boliviano que llevaba 15 meses refugiado en sede diplomática brasileña. Durante todo el trayecto entre la capital boliviana y la ciudad matogrossense, el político, a quien la justicia le inició 20 procesos por corrupción, estuvo acompañado por fusileros navales brasileños. El presidente Evo Morales expresó su “sorpresa” frente a la huida, pero señaló que el caso “no afecta la cordial relación entre Bolivia y Brasil”.

Sobre Pinto pesa una acusación aún más grave: sería responsable de la masacre de campesinos ocurrida en 2009 en Pando, la provincia amazónica de Bolivia. Este dirigente del derechista partido Convergencia Nacional voló a la capital brasileña en compañía del senador del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) Ricardo Ferraço. Dueño de la aeronave utilizada, este parlamentario brasileño preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. La ayuda que le brindó a Pinto va más allá: lo hospedará en su casa del Distrito Federal, ciudad donde se encuentran la mujer, los tres hijos y cuatro nietos del político boliviano.

La cancillería de Brasil eludió una definición contundente. Dijo que “está reuniendo elementos y circunstancias en que se verificó la salida del senador de la embajada brasileña y de su entrada en el territorio nacional”. El comunicado de Itamaraty señala que “llamó” al encargado de negocios en esa misión diplomática Eduardo Saboia “para que explique” los hechos. Y advirtió que podrá adoptar eventuales “medidas administrativas y disciplinarias”. En ese contexto, llaman la atención las declaraciones de Ferraço a la prensa, ayer al mediodía, cuando sostuvo que la “transferencia” de Pinto a Brasil se realizó “en conjunto” con las autoridades brasileñas. Según este legislador, Brasil ya había solicitado un salvoconducto y por lo tanto la huida de Pinto es “una iniciativa de soberanía nacional”.

Pero sus argumentos contradicen la posición sustentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), organismo de control del Estado brasileño. Esta se manifestó en contra de conceder un auto diplomático para que Roger Pinto dejara Bolivia. “Si el gobierno brasileño le diera el vehículo requerido, estaríamos violando el orden internacional e incumpliendo decisiones judiciales de tribunales bolivianos” El gobierno de Evo Morales expresó ayer que “la relación con Brasil no se verá afectada” por el caso, pero señaló que aguarda “explicaciones”. Para la cancillería boliviana, Roger Pinto es ahora un “prófugo” de la justicia y podrán pedir su extradición. Luego de confirmar “la huida” del senador, la diplomacia de Bolivia sostuvo en un comunicado que “están vigentes cuatro sentencias que prohibían al legislador abandonar el país, por causa de procesos contra delitos de corrupción y graves daños al Estado. En uno de ellos existe ya una sentencia proferida en primera instancia. “La fuga del país convierte al señor Pinto en un prófugo de la justicia boliviana. Por lo tanto, se activarán todas las acciones legales que correspondan, en este caso, tanto dentro del derecho internacional, de los convenios bilaterales, así como en el marco del propio derecho boliviano” señaló el comunicado.