La iniciativa cuenta con los votos de los legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, y de un sector del Partido Nacional, oposición conservadora, informaron fuentes parlamentarias.

De acuerdo al proyecto, el juez hará lugar a la solicitud para levantar el secreto bancario cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de "indicios objetivos" que "hagan presumir razonablemente" la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo, y "siempre" que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o tipificación de infracciones.

Asimismo, establece que el pedido debe realizarse "por solicitud expresa" del director general de Rentas, mientras que las solicitudes desde el exterior quedarán limitadas a los países con los que Uruguay mantiene acuerdos de intercambio para evitar doble imposición.

Estas medidas son tomadas a raíz de los condiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a efectos de excluir al país de la denominada "lista gris" de paraísos fiscales.