En este sentido, los diputados decidieron aceptar la propuesta sugerida por Guillermo Carmona, quien expresó que el órgano ejecutor de la ley sea un organismo desconcentrado y con cierta autonomía. Por lo tanto, será ejecutada por medio de una agencia provincial de ordenamiento territorial que estaría en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente. Los funcionarios a cargo estarán designados por el Gobierno, pero contará también con presencia del sector científico.

También se modificó otro punto en la Cámara baja, que fue la prohibición de las excepciones. Esto se refiere a que, luego que la Agencia de Ordenamiento Territorial (con el aval de municipios y sector científico) apruebe los planes de ordenamiento del suelo, no será posible que ni el Gobernador ni los intendentes establezcan decretos u ordenanzas de excepción que vulneren lo dispuesto en estos planes, según comentó el diputado.

Su instrumentación se financiará con el 1% de la recaudación por los impuestos Inmobiliario y de Ingresos Brutos. Los importes que se obtengan serán distribuidos proporcionalmente con las comunas, de acuerdo con lo previsto por la ley de coparticipación municipal.

Esta ley servirá como marco para el ordenamiento del territorio, lo que involucra a recursos como es el caso del uso del agua o la planificación urbana hacia el piedemonte.

Contenido de la ley

La norma quiere asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, valorar el territorio, y sus recursos como base de la identidad cultural. Los objetivos son promover el desarrollo territorial equitativo y sostenible de la provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales. Además, la ley fortalece el desarrollo sustentable del territorio, reconoce el valor patrimonial estratégico de los recursos naturales, sobre todo del agua, el aire y el suelo como motores del desarrollo provincial.