El acuerdo tendía a establecer un marco de vinculación de dichas provincias con relación al río Atuel. Ahora corresponde que el proyecto vaya a la Cámara de Diputados en revisión.

Mendoza busca eliminar un incómodo antecedente, de cara a la demanda ambiental que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez en la Corte Suprema de Justicia por el daño ambiental causado por el corte del Atuel.

Los fundamentos del proyecto expresaron que “la dificultad en la producción y la dificultad social que genera en esa importante zona mendocina la falta de agua, motivó que senadores se avocaran a recabar todo tipo de información, técnica y jurídica, que estuviera vinculada y fuera de importancia al escurrimiento de agua del río Atuel".

El proyecto hizo referencia al ciclo hidrológico 2011-2012, ya que "los volúmenes a escurrir en todos los ríos se encuentran por debajo de las medias históricas, con porcentajes menores al 60 por ciento" , según consigna expresamente en sus considerandos el decreto que el gobernador Francisco Pérez envió a la Legislatura.

El despacho de una comisión especial que se creó en 2012 para estudiar la situación del río Atuel notificó que “ante tamaña realidad natural que afecta gravemente a Mendoza y a su pueblo, resultaría imposible dar cumplimiento a cualquier compromiso tendiente a garantizar a La Pampa un mínimo de escorrentía permanente””.

Además enunció que “sin dichos parámetros la cláusula en cuestión expone a Mendoza a un riesgo inaceptable, a saber que todo esfuerzo que pudiera hacer la Provincia para garantizar un mínimo de “escorrentía permanente” hacia La Pampa, podría verse frustrado por una disminución sostenida en las fuentes de generación hídrica del río Atuel por falta de precipitaciones níveas, extremo que escapa evidentemente a cualquier acción de un gobierno local, porque la realidad está mostrando que existe un ambiente compartido con La Pampa".