La Cámara de Senadores entrerriana tiene previsto la semana que viene cerrar el año legislativo sin que queden en carpeta temas importantes, a fin de dar lugar luego al proceso de reforma política que se espera resolver, en principio, en diciembre, no se sabe si antes o después de la Cumbre del Mercosur que se desarrollará en Paraná en la tercera semana del mes que viene.
En la última sesión del período ordinario, que tienen planeado desarrollar antes del inicio previo al receso, de una menor actividad legislativa, la Cámara Alta proyecta resolver los 19 pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia, que tuvieron dictamen de comisión, luego de cumplir con los pasos que dispone el reglamento de la Cámara, y darle sanción definitiva al Presupuesto 2015.
La voluntad de los legisladores del oficialismo es completar el tratamiento de la ley de leyes en tiempo para permitir que el gobernador Sergio Urribarri inicie su último año de mandato con esta importante herramienta. El proyecto contempla erogaciones por 43.007.337.000 pesos. De ese total, 16.005.691.000 pesos son para gastos en personal, esto es, para el pago de sueldos. La cifra representa unos cinco mil millones más que el año pasado, cuando se presupuestaron 10.864.624.000 pesos en el mismo ítem. Entre los gastos también se prevén 672.936.000 pesos en concepto de bienes de consumo; 3.328.941.000 para servicios no personales; 12.883.087.000 en transferencias; 1.222.387.000 en inversión financiera; 580.430.000 para servicios de la deuda; y 1.900.000.000 para otros gastos.
Reforma En la Asamblea Legislativa, el 15 de febrero pasado, Urribarri anunció una reforma de la tan cuestionada Ley Castrillón, que desde el peronismo se promueve como una forma de contener a todas las expresiones y particularmente para evitar posibles fugas hacia el Frente Renovador. A esta altura del año ya no hay tiempo de votar en marzo, como permite la legislación provincial que reguló el proceso de 2007, cuando Urribarri fue electo gobernador por primera vez, siete meses antes de la elección presidencial de octubre que convirtió en presidenta a Cristina Fernández. No hay tiempo porque no dan los plazos legales para la convocatoria, que ya debería haberse efectuado. La única alternativa de un desdoblamiento pasaría por una reforma a la ley electoral que habilite elecciones provinciales en julio o agosto, con sus correspondientes PASO en marzo o abril.
Comentá la nota